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Acerca del interés superior del niño el Tribunal indicó que en estos eventos:. En opinión de los expertos consultados, es susceptible de tener efectos estabilizadores en la psicología del desarrollo.

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También mejora la situación jurídica del niño en caso de disolución de la unión por separación o la muerte. Esto se refiere por click lado a la custodia, la cual puede ser tratada adecuadamente en evento de separación, teniendo en cuenta el mejor interés de los niños, caso a caso.

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Por otra parte, esto se aplica en términos materiales, un niño se beneficia de la doble paternidad sobre todo en cuanto a los alimentos y la sucesión. El Constitucional concedió al Parlamento un término, hasta el 30 de junio depara dictar una nueva ley que superara la situación de discriminación click.

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En ella Putas francesas de 110 mph corrigieron los apartes puntuales de la ley que el Tribunal había considerado constitucional, incorporando de esta manera plenamente la adopción sucesiva para parejas del mismo sexo en el ordenamiento legal.

A pesar de lo anterior, la ley se limitó a regular puntualmente lo dispuesto por el Constitucional y omitió lo concerniente a la posibilidad de adopciones conjuntas. También es de destacar que se reconoce que Putas francesas de 110 mph familia conformada por parejas del mismo sexo y sus hijos biológicos conforman una familia constitucionalmente protegida.

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Los tribunales han enfrentado desafíos jurídicos ante leyes presuntamente discriminatorias y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB, proporcionando un marco jurídico Putas francesas de 110 mph reformas normativas de diverso alcance. En cuanto al desarrollo normativo, es preciso mencionar que antes de la década de los 80 eran pocos los derechos o disposiciones legales a los que las parejas del mismo sexo podían recurrir.

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De acuerdo con el informe anual "State-Sponsored Homofobia" dela lista de provincias y años en que este derecho fue reconocido es la siguiente [] :. Hmediante la cual les otorgó a las parejas homosexuales los mismos derechos y responsabilidades legales que a las parejas heterosexuales de hecho, Putas francesas de 110 mph https://host-r.website-web.site/link-2020-05-19.php término "cónyuge del mismo sexo" en los estatutos modificados.

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En lo concerniente al desarrollo jurisprudencial, algunas de las principales decisiones judiciales referentes a la adopción por parejas del Putas francesas de 110 mph sexo se resumen a continuación.

Asimismo, una mayoría de 5 a 4 encontró que la definición de link prevista en la norma analizada era discriminatoria en términos de orientación sexual, por lo que contrariaba el artículo 15 en mención. En ese caso cuatro parejas de lesbianas solicitaban en adopción a sus hijastros.

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El estatuto vigente para la época, Sección 1 de la Ley de Ontario, solamente permitía que un cónyuge solicitara la adopción del hijo biológico de su Putas francesas de 110 mph, precisando que el término "cónyuge" exclusivamente aplicaba a personas del sexo opuesto.

Igualmente señaló que la legislación propendía por el interés superior de los niños, el cual era incompatible con la prohibición absoluta en materia de adopción impuesta a las parejas del mismo sexo.

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Antes de esta decisión la Ley de Ontario había permitido solicitudes individuales de adopción por parte de personas con distinta orientación sexual, pero había negado las solicitudes de adopción conjunta. En esa oportunidad la Corte de Ontario modificó nuevamente dicha acepción con el propósito de Putas francesas de 110 mph a las parejas del mismo sexo, aplicando para el efecto los argumentos expuestos en el caso K Re [].

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La solicitud inicial de las demandantes fue que el Tribunal estableciera si la definición de "cónyuge" dada por la Ley de Alberta incluía a las parejas del mismo sexo y, de no ser así, si esto vulneraba la Carta.

El Fiscal General se link inicialmente a dichas solicitudes, pero posteriormente retiró la oposición cuando el Gobierno anunció Putas francesas de 110 mph intención de modificar la Ley de Bienestar de la Infancia Child Welfare Act.

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La enmienda presentada sustituyó el término "cónyuge" por "padrastro"con el fin de permitir, entre otras cosas, las adopciones por parejas del mismo sexo. En ese fallo el Tribunal de Alberta concluyó, aplicando las reglas de interpretación normativa, que la intención del legislador al cambiar "cónyuge" por "padrastro" era permitir Putas francesas de 110 mph adopciones por personas del mismo sexo.

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Así las cosas, consideró innecesario examinar la petición relacionada con la violación a la Carta. Asimismo, la Corte reconoció que su decisión podía afectar a Putas francesas de 110 mph otros estatutos y leyes que incluyeran click definición similar del término "cónyuge". Bajo este contexto, como se mencionó con anterioridad, la Asamblea Legislativa de Ontario aprobó una nueva ley mediante la cual se otorgó a las parejas del mismo sexo iguales derechos y deberes legales que los otorgados a las parejas heterosexuales.

Fuckbuddyfinder Watch Esposa se desnuda delante de los hombres Video Squrting porn. A juicio de los intervinientes, reconocer que las parejas homosexuales son familia y que el mecanismo idóneo para la protección del menor en condiciones de orfandad es la adopción, permite afirmar que es totalmente legítima y constitucional la implementación de la adopción bajo esas condiciones. Aseguran que dicha omisión, en la que no se tienen en cuenta a las parejas homoparentales como idóneas para salvaguardar los derechos fundamentales de los menores, contraría los artículos 13 y 44 de la Constitución. Violaría de manera notoria la Constitución y la lógica de todo derecho. Para ello remiten un concepto con similares consideraciones a las expuestas en su intervención dentro del expediente D El documento hace un repaso de los principales estudios sobre la crianza de hijos por padres LGB lesbianas, gay, bisexuales , especialmente en Estados Unidos y Europa, que consideran podría asistir a la Corte Constitucional de Colombia. Por lo tanto, asegura, tal negativa constituye una medida de discriminación arbitraria, por cuanto les impide a estas parejas probar su idoneidad como potenciales padres adoptivos. Hace hincapié en la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus intérpretes autorizados, en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con base en ellos sostiene que es perjudicial al interés superior del menor y vulnera sus derechos negarles la posibilidad de tener una familia conformada por padres del mismo sexo. Considera que una interpretación restrictiva de los derechos de las personas y parejas homosexuales puede conllevar no solo a la vulneración de los mismos, sino a una responsabilidad internacional del Estado colombiano en virtud de su propia legislación. Agrega que para justificar la diferencia de trato y la restricción de un derecho no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. Para ello se remitió a las consideraciones expuestas en el concepto de 27 de agosto de , en el marco del proceso D Sostiene que las normas demandadas se ajustan al mandato de no discriminación contenido en la Constitución y a las normas de derecho internacional que integran el bloque de constitucionalidad. Indica que no es cierto que la adopción tenga un doble significado y que se pueda entender que exista en el ordenamiento jurídico colombiano un supuesto derecho a adoptar. Incluso, agrega, en esa providencia la Corte Constitucional ni siquiera abordó el tema de la adopción, ni estableció un derecho a adoptar cuya titularidad puedan ostentar las uniones conformadas por personas del mismo sexo, sino que expresamente se abstuvo de pronunciarse sobre este asunto. En consecuencia, solicitó que se le concediera un término adicional para conceptuar con fundamento en las nuevas pruebas, porque solo de esta manera se podría asegurar el cumplimiento y la efectividad de las normas que prevén la obligatoria intervención del Procurador. Agregó que si la corporación consideraba improcedente la petición, subsidiariamente promovía incidente de nulidad contra los precitados autos, porque la decisión sería proferida con inobservancia de las formas y procedimientos previstos para los juicios de constitucionalidad. Finalmente, cuestionó el hecho de que el Magistrado Sustanciador hubiere invitado al Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Colombia, con fundamento en el artículo 13 del Decreto de , si se tiene en cuenta que el proyecto de fallo fue radicado el día 10 de diciembre de En consecuencia, habiéndose accedido a la solicitud principal, no hay lugar a atender la petición subsidiaria de nulidad. Alega que el fallo dictado dentro del expediente D configura la cosa juzgada constitucional e inhabilita a la Corte para emitir pronunciamiento adicional alguno. Por lo tanto, la solicitud para que un magistrado declare un supuesto impedimento es improcedente. La recusación debe proponerse ante el resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el presente decreto. Visto lo anterior, como quiera que el ciudadano que eleva la petición no intervino ante la Corte Constitucional dentro del término de fijación en lista para impugnar o defender la constitucionalidad de las normas acusadas, carece de legitimidad para proponer el incidente de recusación [20]. Es decir, dentro del término de fijación en lista, los ciudadanos … , no intervinieron en el proceso de constitucionalidad. En consecuencia, ante la falta de legitimidad del señor Hernando Salcedo Tamayo, la Corte rechaza por improcedente sus solicitudes. Tomando como derrotero el principio del interés superior del menor, proponen tres cargos de inconstitucionalidad:. En su concepto, no existe un criterio objetivo y razonable para restringir a los menores el derecho a tener una familia solamente conformada por una pareja heterosexual. También alegan la afectación del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación contra las parejas del mismo sexo, en especial luego de su reconocimiento como familia a partir de la Sentencia C de Coinciden en señalar, desde diferentes puntos de vista, que los niños, niñas y adolescentes deben tener la posibilidad de ser adoptados no solo por parejas heterosexuales, sino también por parejas del mismo sexo, bien sea declarando la inexequibilidad de las normas acusadas o su constitucionalidad condicionada. Por el contrario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar petición subsidiaria , la Universidad de la Sabana, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Procurador General de la Nación opinan que la Corte debe declarar exequibles las normas en cuestión. La Sala advierte que en relación con las normas demandadas sí se ha operado la cosa juzgada constitucional, derivada de la Sentencia C de No obstante, como se explica a continuación, la Corte restringió expresamente el alcance del control a los cargos entonces examinados, por lo que los efectos son solo de cosa juzgada relativa. Como quiera que el reglamento interno de la Corte solo permite acumular los asuntos comprendidos en el programa mensual de reparto [26] , y en él no se incluyó este proceso expediente D , no fue posible su acumulación por lo que debieron tramitarse de forma separada. El entonces accionante censuró que el régimen legal solo autorice la adopción de menores por parejas heterosexuales, con la consecuente exclusión de las parejas del mismo sexo y la supuesta vulneración de varios preceptos constitucionales. Su acusación fue reseñada en los siguientes términos:. En síntesis, considera que dichas normas:. Sin embargo, consideró que la acusación relativa al presunto desconocimiento del interés superior del menor art. Sobre el particular sostuvo:. Desde esta perspectiva, encuentra que los cargos fueron planteados en debida forma, excepto el relacionado con la presunta vulneración del interés superior del menor. Respecto al cargo por violación de la igualdad art. Fue así como elaboró un test estricto de igualdad a partir de los criterios de finalidad, adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad. Lo propio ocurrió respecto de las acusaciones por desconocimiento del derecho a vivir dignamente de las parejas del mismo sexo art. Sobre esta acusación el demandante se circunscribió a alegar que las normas acusadas, al restringir la adopción de menores por parejas del mismo sexo, desconocen que 'dadas las convulsionadas condiciones sociales del país, la falta de educación y la abrumante desigualdad social, muchos niños son abandonados por sus madres y padres, o son huérfanos'. La acusación no satisface el requisito de especificidad por cuanto los cuestionamientos formulados por el demandante resultan muy amplios e indirectos , al limitarse a referencias genéricas, globales e indeterminadas en cuanto a la presunta vulneración del interés superior del menor. En otras palabras, propone un razonamiento vago y abstracto que impide un debate concreto a la luz de la norma superior invocada. Concordante con lo anterior, este cargo tampoco satisface el requisito de suficiencia ya que argumentación que ofrece el ciudadano acerca de la vulneración del principio del interés superior del menor es realmente escasa. En síntesis, la Corte encuentra que los cargos de inconstitucionalidad fueron planteados en debida forma, excepto el relacionado con la presunta vulneración del interés superior del menor. Resaltado fuera de texto. Como puede notarse, el eje central de la acusación fue la presunta vulneración de los derechos de las parejas del mismo sexo a la igualdad -prohibición de discriminación- y a conformar una familia arts. En cuanto al cargo por desconocimiento del interés superior del menor art. En su criterio, el cargo relacionado con la presunta vulneración del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes cumplía con todos los requisitos legales y jurisprudenciales para que esta Corporación se pronunciara de fondo sobre el mismo. En este punto es necesario aclarar que la demanda recae sobre dos modalidades diferentes de adopción. De esta manera la Corte declaró exequibles las normas acusadas, aun cuando limitó expresamente el alcance de su decisión a los cargos por violación de la igualdad y derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia. Fue así como resolvió:. Al respecto dispuso:. Acerca de los efectos de esta clase de decisiones la jurisprudencia ha explicado lo siguiente:. Existe cosa juzgada absoluta , 'cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional' [36]. La Corte también ha distinguido entre ii. Sentencia C de Cargos que, como ya se reseñó, estuvieron circunscritos a la presunta vulneración de los derechos de las parejas del mismo sexo a la igualdad y a tener una familia arts. De esta manera, la Sentencia C de solo configura cosa juzgada constitucional en relación con los cargos concernientes a la vulneración del derecho a la igualdad y a tener una familia de las parejas del mismo sexo arts. Sobre esa base han formulado tres reproches de inconstitucionalidad, de cada uno de los cuales exponen argumentos independientes: i vulneración del principio de igualdad por falta de protección al interés prevalente del menor en situación de adoptabilidad, representado en su derecho a tener una familia arts. A juicio de la Corte, la demanda cumple las exigencias mínimas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que ha decantado la jurisprudencia para las acusaciones de inconstitucionalidad [40] , que en este caso giran todos ellos en torno a la presunta vulneración del principio del interés superior del menor art. En cuanto al requisito de certeza , la Sala considera que la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente, por cuanto las normas parcialmente acusadas excluyen la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, o al menos admiten una interpretación en ese sentido. Sobre el particular la Sentencia C de explicó lo siguiente:. La ley de excluyó la adopción por parejas del mismo sexo. Pese a la redacción en principio neutra del artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia, los antecedentes legislativos y el entendimiento dominante de la norma en la comunidad jurídica conducen a la Corte a concluir que en la legislación no se encuentra prevista la adopción por parejas integradas por personas del mismo sexo. Es decir, para la Sala, el régimen legal vigente no contempla la adopción por parejas del mismo sexo. También se cumple el requisito de especificidad , en la medida en que de cada una de las expresiones demandadas se individualiza la acusación y se hace una exposición independiente, centrada siempre en la presunta afectación del interés superior del menor. El requisito de pertinencia se acredita por cuanto las razones en las que se funda la demanda son de orden constitucional. En consecuencia, habida cuenta de que sobre este cargo no existe cosa juzgada constitucional, y de que la demanda fue presentada en debida forma, procede abordar un estudio de fondo. Sin embargo, el problema jurídico a resolver ya no consiste en definir si esa exclusión vulnera los derechos de las parejas a la igualdad y a conformar una familia, lo cual fue desestimado por la mayoría de la Sala en la Sentencia C de Lo que en esta oportunidad debe determinar la Corte es, desde un enfoque constitucional diferente, si las normas que regulan el régimen legal de adopción en Colombia, al excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de participar en procesos de adopción, vulnera el principio del interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia para garantizar su desarrollo armónico e integral art. Teniendo este derrotero como norte, la Sala comienza por referirse al marco normativo de protección al menor y en especial al principio del interés superior del niño, para luego explicar su alcance en el régimen legal de la adopción. El primer instrumento que reconoció los derechos de los niños fue la Declaración de Ginebra , adoptada por la Sociedad de Naciones Unidas [46]. Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos plasmó en el artículo los derechos de la infancia. En el marco de los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , aprobado internamente por la Ley 74 de , incluyó una disposición dedicada expresamente a los derechos de los niños, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado [49]. Algunas de estas son las siguientes [59] :. El desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano intelectual, afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc. De esta manera, el interés superior del menor demanda una interpretación de las normas que procure maximizar todos sus derechos. También se afecta cuando, sin valorar adecuadamente su entorno, un menor es separado en forma abrupta e intempestiva de un hogar con el cual ha desarrollado vínculos afectivos legítimos, así se trate de un hogar sustituto. El principio del interés superior del menor se erige en definitiva como una norma de amplio reconocimiento en el ordenamiento jurídico interno y en el derecho internacional vinculante para Colombia. La Declaración de los Derechos del Niño afirma que el menor debe crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, en cualquier caso en un entorno de afecto y seguridad moral y material [71]. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad [72]. El Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales estipula que la familia se erige como base para el desarrollo de los hijos [73]. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la protección familiar [74]. Dijo entonces la Corte:. Todo niño tiene derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. En esa medida, el derecho de un menor a tener una familia no significa que esta necesariamente deba ser la consanguínea o biológica, sino que también tienen cabida otras estructuras familiares familia de crianza, familia extendida, familia monoparental, familia ensamblada, entre otras. Lo normal es que el niño nazca y crezca en el seno de una familia biológica o consanguínea y lo excepcional que se encuentre en situación de abandono. Ello supone, como es obvio, que ha de tratarse de una estructura de familia constitucionalmente reconocida. Significa que existe una presunción a favor de la permanencia del niño en su familia biológica por cuanto, en principio, se encuentra mejor situada para brindar el cuidado y afecto que necesita. Separar a un menor del entorno en el cual se ha adaptado solo se justifica cuando existan poderosas razones que comprometan su integridad o desarrollo armónico e integral. Cuando un menor se halla bajo el cuidado de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, desventaja o que atraviesa dificultades que podrían afectar el vínculo familiar discapacidad, pobreza, etc. Atendiendo estos referentes la Corte ha valorado el principio del interés superior del menor como elemento relevante para asegurar el derecho de los menores a tener una familia, por ejemplo a través de la adopción. El derecho que asiste a todo menor a tener una familia se encamina a propiciar las condiciones para su desarrollo armónico e integral en un entorno de amor y cuidado. En este escenario la adopción se refleja como la institución jurídica por excelencia para garantizar al menor expósito o en situación de abandono el derecho a tener una familia y no ser separado de ella [91]. Con esta institución se pretende suplir las relaciones de filiación de un menor que las ha perdido o que nunca las ha tenido y que, por lo mismo, se encuentra en condición jurídica de adoptabilidad, esto es, en situación de ser integrado a un nuevo entorno familiar. Pero no a cualquier familia, sino a aquella en la que, en tanto sea posible, se restablezcan los lazos rotos y, sobre todo, se brinde al menor las condiciones para su plena y adecuada formación. En ese marco normativo se regulan los elementos centrales de los procesos de adopción en Colombia. Allí se contempla que la adopción es una medida de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes [99]. La autoridad central en la materia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quien se reserva la posibilidad de desarrollar programas de adopción y autorizar a ciertas instituciones para llevarlos a cabo art. Por regla general solo pueden adoptarse menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres art. El Código también señala los efectos jurídicos que conlleva la adopción, que en esencia son los inherentes a la relación de parentesco que subyace entre padres e hijos art. Sean Hayford Oleary 19 de noviembre de a la pm Estoy de acuerdo. Otras chuletas de cerdo también tienen una desventaja sobre las rotondas cuando usan carriles de aceleración. Esto toma un concepto de las autopistas y lo aplica peligrosamente IMO a las calles locales compartidas con personas que caminan y andan en bicicleta. Evan 17 de noviembre de a las pm Estoy profundamente en desacuerdo con este post. La rotonda en Minnehaha y Godfrey parkways es un gran ejemplo de cómo las rotondas no tienen que ser demasiado grandes. Joseph Totten 17 de noviembre de a las pm En realidad, la U de M ha estudiado la ubicación de Godfrey-Minnehaha unas cuantas veces. Sean Hayford Oleary 17 de noviembre de a las pm Gracias por esa información, Joe! He tenido muchas buenas experiencias en la rotonda de Godfrey, y no me sorprende que me haya ido bien cuando estudié. Realmente tuvimos tasas de rendimiento bastante buenas, pero también fue solo para mí, y me establecí firmemente mientras cruzaba. Supongo que tal vez pensaron que la fusión en el camino sería incómodo. Joseph Totten 20 de noviembre de a las pm Ambos tienen opciones, solo hay un auto sobre el NB Sharrow. Hay, como he visto, muy poca diferencia en el comportamiento de los conductores entre los conductores holandeses y estadounidenses. Pon un conductor holandés en las carreteras de los Estados Unidos y conducen como conductores de los Estados Unidos. Soy el rey de la conducción agresiva que vemos. Holandés y otros fomenta un comportamiento muy diferente. Evan 19 de noviembre de a las pm Walker, creo que en gran medida estamos de acuerdo. El comportamiento del conductor en la rotonda de Minnehaha es mejor porque los carriles son estrechos y tienen un radio ajustado. Prefiero esperar en una intersección señalizada que arriesgar mi vida cruzando en esa rotonda peligrosa. Gracias MNDoT! Pero en comparación con la condición anterior: dos autopistas concurridas, al menos a 45 mph, esperando en la chuleta de cerdo una larga señal, todavía la prefiero. Para rotondas suburbanas de alta velocidad donde la intención es seguir siendo el uso del suelo de alta velocidad y baja intensidad, prefiero separar completamente a los peatones. La rotonda en sí no tiene cruces de peatones de nivel y es solo para vehículos incluidos los ciclistas de vehículos. Obviamente, hay un gasto para hacer todo esto, pero creo que puede valer la pena para situaciones como esta. No creo que sea apropiado para muchas ubicaciones en el interior del metro. Walker Angell 17 de noviembre de a las pm Buen artículo Andy. Espero recibir una publicación sobre este proyecto en las próximas semanas. Son omnipresentes en los Países Bajos, Dinamarca y otros lugares donde viajo con frecuencia. Sin embargo, nunca los usarían de alguna manera como estamos en los EE. En primer lugar, los cruces de nivel de grado generalmente se limitan a pequeñas rotondas de un solo carril y de poco volumen. Esto para que los vehículos no tengan que temer ser retrasados cuando se detengan las personas que cruzan. Ciclé por cientos probablemente miles de rotondas en el norte de Europa y me sentí bastante seguro. Supongo que los holandeses no necesitan diseñar estas cosas para acomodar los camiones con remolque de la manera en que lo hacen los EE. Recientemente han estado convirtiendo muchos de estos en rotondas, lo que ha causado cierta consternación entre los conductores. Estuvimos un poco en el sur de Francia este otoño y esto fue bastante evidente en varios que se convirtieron recientemente. En la rotonda de arriba puede ver un nuevo carril bici que se ha agregado a lo largo del lado norte de la carretera principal. Estas, especialmente la variedad de pavimentadoras, no son propicias para que un automóvil pase a alta velocidad. Como otros, me siento muy seguro en los carriles de bicicletas holandeses y uso una bicicleta a menudo. Me siento algo seguro en los senderos para bicicletas en Shoreview y por eso los uso a menudo. Me siento mucho menos seguro en las carreteras del condado de Ramsey que se encuentran entre nuestra casa y los restaurantes y supermercados locales, por lo que, a pesar de que es una distancia muy corta, es mucho menos probable que ande en mi bicicleta. En cuanto a los datos: EE. Walker Angell 19 de noviembre de a las am De acuerdo. Cada persona es diferente y tiene diferentes intereses y tolerancias. Lo que es lo suficientemente seguro para Bill o Julie puede que no lo sea tanto para usted como para mí, y lo que es lo suficientemente bueno para usted y para mí probablemente no lo suficientemente bueno para nuestros vecinos al otro lado de la calle. Producir un entorno como los Países Bajos donde una bicicleta es la primera opción de transporte para la mayoría de las personas requiere varias cosas. Así que la seguridad es el comienzo para la mayoría de las personas. La comodidad y la conveniencia también juegan un papel crítico. Incluso las aceras en las que usted y yo montamos son sustitutos bastante pobres. OTOH, conozco a dos personas que dejaron de viajar después de las mejoras de la discapacidad. Pida bolardos con botones en medio de los carriles para bicicletas y haga que las personas se sientan menos seguras que antes: los pequeños detalles pueden importar. Las bicicletas en sí importan. Recuerdo que una familia me dijo que habían planeado salir a pasear en bicicleta y luego, después de llegar a casa conduciendo un poco de helado. Su pequeña hija los empujó en el camino de regreso para que simplemente se detuvieran en el lugar de los helados que habían planeado ir y que ella vio a solo una cuadra de distancia. También existe la necesidad de que las personas entiendan completamente el vínculo entre la actividad diaria moderada, su salud y los costos de la atención Ante los policías que las interrogan, las jóvenes, muchas veces arrogantes y agresivas, niegan ser víctimas. Nunca hablan de prostitutas sino de "escort". Prohibición de toures al Barrio Rojo molesta a trabajadoras sexuales Comparte en redes:. Temas Relacionados Prostitutas Prostitución trabajadoras sexuales prostitución en Francia. Gracias por tu comprensión. Putita 20 sec Palopalito - Califiquen mi nalgotas 78 sec Marcel26 - k Views -. Diosa mega culote transparente leggin blanco 32 sec Daddygear - 1. 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La denegación de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo es la posición generalizada de la legislación [] y Putas francesas de 110 mph tribunales italianos. Sin embargo, el 29 de agosto de el Tribunal para los Menores de Roma decretó la primera adopción en Italia que da origen a una familia homoparental.

Tras regresar a vivir a Italia con la menor, las mujeres se inscribieron en el registro de las Uniones Civiles de Roma.

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Posteriormente la madre no biológica, decidida a dar pleno reconociendo jurídico al vínculo afectivo de hecho, solicitó al Tribunal de Menores la adopción de la niña. Consideró el Putas francesas de 110 mph que en esta clase de adopciones se debe dar prevalencia al interés del menor, dando relevancia a la preexistencia de vínculos afectivos entre los sujetos de la relación adoptiva.

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En consecuencia, afirmó, una interpretación en sentido diferente sería contraria a la ratio legisa la Constitución y a los principios señalados por la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales "CEDU"de la cual Italia es parte. Manifestó que una interpretación que excluya la adopción para las parejas homosexuales solamente en razón de la mencionada condición, Putas francesas de 110 mph al mismo tiempo la posibilidad de recurrir a tal instituto a las parejas de hecho heterosexuales, es contraria al principio de igualdad y article source la tutela de los derechos fundamentales artículos 2 y 3 de la Constitución.

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Enmediante una reforma introducida en el Código General Civil y la Ley de Compañeros Permanentes [] se permitió la adopción por parte de parejas del Putas francesas de 110 mph sexo de los hijos biológicos de sus compañeros. Solicitó al parlamento dictar, antes del 31 de diciembre deuna nueva reglamentación para superar dicha situación.

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Igualmente señaló que " las dudas fundamentales en el sentido de si es perjudicial para el bienestar de here niños crecer con padres del mismo sexo, a la luz de Putas francesas de 110 mph regulaciones ya existentes, no sirve para justificar la regulación impugnada" [].

El estudio Putas francesas de 110 mph derecho comparado previamente enunciado permite concluir que el interés superior del menor siempre ha estado presente en las discusiones, ya sean legislativas o judiciales, que definen la posibilidad de adoptar para las personas solteras o parejas del mismo sexo. En ese sentido, siempre con sustento en evidencia empírica, se ha determinado que el interés superior del menor no se ve afectado por el hecho de ser adoptado por una persona de orientación homosexual o por una pareja del mismo sexo.

Al contrario, el reconocimiento de esta clase de adopción por diferentes Estados y organismos internacionales se ha concebido como una medida que contribuye a cumplir con el objetivo de otorgar al niño o la niña la posibilidad de crecer en el seno de una familia.

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Bajo ese entendido, es en cada caso concreto que las autoridades deben determinar la idoneidad de los solicitantes de la adopción.

Para tal fin, mediante Auto del 24 de febrero deel Magistrado Sustanciador dispuso el traslado de las pruebas decretadas, practicadas y Putas francesas de 110 mph allegadas dentro del expediente D Los conceptos remitidos por las mencionadas instituciones y facultades, soportados casi todos en abundante información científica, pueden dividirse en tres enfoques:.

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Adicionalmente, asegura que la homosexualidad "constituye de Putas francesas de 110 mph manera una enfermedad" []. Para mejor ilustración la Corte sintetiza a continuación los principales argumentos de dichos conceptos, haciendo especial referencia a las fuentes en que se encuentran soportados. En escrito radicado el pasado 10 de marzo de el Procurador da respuesta al citado proveído y presenta algunas consideraciones sobre las pruebas trasladadas y la pertinencia de los estudios científicos.

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Igualmente, la sentencia C de , declaró la inconstitucionalidad de los artículos 68 y 82 de la ley de , que establecían que el intento de conciliación era un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral. Dijo entonces esta Corporación:. Tal sucedió, en gran medida, con el régimen legal del sistema UPAC, declarado inexequible por esta Corte. La Corte tuvo razón entonces en retirarlo del ordenamiento, a pesar de que teóricamente ese mecanismo puede funcionar en otros contextos y con ciertos ajustes normativos e institucionales. Por ello, para que una regulación legal, que en apariencia y en abstracto se ajusta a la Carta, pueda ser declarada inexequible, debido a consideraciones empíricas, es necesario establecer que las situaciones inconstitucionales derivan de los diseños institucionales y de las regulaciones establecidas en la ley. Por el contrario, dichos estudios son relevantes en el juicio de constitucionalidad porque con ello se busca mostrar los efectos que para el desarrollo integral de un niño podría tener el hecho de ser adoptado por parejas del mismo sexo, punto central de esta discusión constitucional. De esta manera, las pruebas allegadas son necesarias, conducentes y pertinentes, en tanto se encuentra de por medio la protección del interés superior del menor, representado en el derecho que tienen todos aquellos que se encuentran en situación de adoptabilidad a tener una familia. Precisamente por ello es que el ICBF aclara que lo que le interesa a esa entidad es evaluar las capacidades de los potenciales padres para mantener una relación afectiva y estable y que cuenten con las condiciones adecuadas para garantizar la identidad personal, social y cultural del menor, sin importar su orientación sexual. Chile —ya reseñada-, al sostener que el interés superior del menor no entra en contradicción con la orientación sexual de los padres ni representa un riesgo para el niño o la niña. Posición similar fue expuesta por la Defensoría del Pueblo. Es importante valorar también que la Legislación de varios Estados autoriza la adopción de menores por personas con orientación sexual diversa, precisamente por considerar que esa sola circunstancia en nada afecta el desarrollo integral de los menores. Finalmente, todo lo anterior también encuentra sustento en decisiones proferidas por tribunales internacionales y jueces y tribunales de diferentes países, siempre soportadas en conceptos especializados, como ya fue reseñado. Solo a manera de ejemplo pueden mencionarse las consideraciones expuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como se sabe es vinculante en el derecho interno colombiano. En síntesis, consideran que no existe evidencia científica concluyente sobre los efectos que en los menores podría tener el hecho de ser adoptados por parejas del mismo sexo. Sin embargo, ninguna de ellas explica de manera específica y concreta las razones de la mencionada falta de contundencia de las investigaciones, ni la justificación del por qué ponen en duda los resultados obtenidos. Sus apreciaciones son genéricas y en ellas no se cuestiona en concreto ninguna de las metodologías utilizadas, la veracidad de la información o la falta de rigurosidad en los numerosos estudios que concluyen que la adopción por parejas del mismo sexo no compromete el interés superior del menor. En términos similares se presentan los conceptos del Departamento de Sicología de la Universidad de Antioquia y del Departamento de Siquiatría de la Universidad del Valle. No obstante, la Corte advierte que algunas de las conclusiones plasmadas en sus conceptos se sustentan en estudios científicos que han sido descalificados y que entre otras cosas son minoritarios. De un lado, la Facultad de Sicología sostuvo que los estudios cuantitativos que concluyen que no existen diferencias entre los hogares de padres heterosexuales y los de padres homosexuales son inadecuados porque tienen sesgos metodológicos y fallos como el tamaño de las muestras normalmente demasiado pequeño o la falta de aleatoriedad. Sin embargo, como lo ponen en evidencia algunos intervinientes Universidad de Nacional, Dejusticia y Colombia Diversa , el estudio primario adelantado por Marks Regnerus ha sido cuestionado por deficiencias metodológicas, por ejemplo en el caso reseñado anteriormente de la Corte de Michigan, en Estados Unidos []. Al señalar que alguien como enfermo, con riesgos de fracasar en su vida afectiva, de consumo de sustancias sicoactivas o con mayor tendencia al suicidio no lo estamos discriminando sino señalando una situación. Esta afirmación parte de una premisa constitucionalmente inaceptable que solo promueve un estigma social discriminatorio: que la homosexualidad es una enfermedad. Al respecto, sin que sean necesarias mayores disertaciones, basta recordar que desde la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad [] , y que la jurisprudencia ha sido categórica e insistente en advertir que la orientación sexual de una persona es la expresión legítima y constitucionalmente respetable de las libertades individuales. Así fue expuesto de manera categórica en la Sentencia C de [] :. Las razones expuestas llevan a la Corte a desestimar la postura de la Universidad de la Sabana y, por el contrario, acoger la tesis mayoritaria de los conceptos científicos allegados, incluida la visión oficial del Ministerio de Salud y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En concordancia con lo anterior, la Sala debe hacer referencia a algunos precedentes constitucionales relevantes en los que se ha analizado lo concerniente a la adopción por personas con orientación sexual diversa, su idoneidad moral como requisito para adoptar y su alcance en relación con el interés superior del menor. Así lo ha reconocido en varias oportunidades la jurisprudencia constitucional. En aquella oportunidad la Corte examinó el caso de una persona homosexual que solicitó la adopción de una menor bajo su cuidado, quien había sido abandonada por sus padres biológicos. El ICBF no solo no accedió a su solicitud, sino que incluso le retiró la custodia de la niña. Así se deduce del principio de primacía que la Carta Política dispone en favor de los derechos de los niños art. Respecto de la residencia donde inicialmente fue encontrada la menor, sostuvo que " En el mismo cocinaban con una estufa de petróleo. Esto constituye un mal ejemplo para la menor, por parte de una persona que, por tener una relación estable con el actor desde hace muchos años y por contribuir en la crianza y manutención de xx, también hacía parte de su ambiente familiar. Todo lo anterior conduce a la Sala a descartar la violación del derecho del actor a la igualdad. Resulta evidente que el I. En concepto de los accionantes, esa exigencia era incompatible con el modelo de vida homosexual, por lo que impedía adoptar a las parejas del mismo sexo. Sobre el particular indicó:. La Sala considera que se trata de una interpretación subjetiva de los actores; ciertamente ni del texto del artículo 68 de la ley , ni de la sentencia C de es posible deducir tal exégesis, como a continuación se explica:. Como se puede apreciar, el texto no hace referencia a la orientación sexual de los candidatos a adoptar. Simplemente exige que los solicitantes tengan idoneidad física, mental, moral y social para suministrar una familia adecuada y estable al niño. Adicionalmente, insistió en que la Sentencia C de nunca estableció un nexo entre la falta de idoneidad moral y la homosexualidad:. Allí se define el requisito de idoneidad moral y enumeran los casos en que este no se encuentra comprobado alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia, irrespeto a la dignidad humana , donde no se hace referencia alguna a la orientación sexual:. Esta se basa en la moral que conocemos y vivimos en nuestro medio País y es aceptada como norma ética de convivencia. Al Estado pluralista no le son indiferentes los antecedentes de comportamiento de quien pretende hacerse cargo de un niño, niña o adolescente, en calidad de padre o madre del mismo. El principio del interés superior que preside todo proceso en el que estén involucrados los niños, niñas o adolescente, impone al legislador asumir medidas que garanticen la efectividad de dicho principio. Por el contrario, la adopción de un niño, niña y adolescente a quien desenvuelve su proyecto vital en condiciones morales socialmente cuestionadas, como en ambientes donde es usual el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, el irrespeto en cualquier forma a la dignidad humana, etc. Por tanto, no hay idoneidad moral en los siguientes casos:. Esta idoneidad se establece con el estudio de las condiciones psicosociales y el certificado de antecedentes judiciales penales y con otro tipo de certificaciones como historia de contravenciones o infracciones menores. Por lo tanto, se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo. En aquella oportunidad un ciudadano extranjero presentó acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales y los de dos menores de edad colombianos. Sostuvo que el ICBF, después de haber tramitado y aprobado la adopción de aquellos, revocó la medida y dispuso su ubicación en un hogar sustituto aduciendo que su condición de persona homosexual, así como el hecho de no haberla informado previamente [] , representaba una amenaza a la salud sicológica de los niños. Al examinar el caso concreto la Corte concedió el amparo luego de constatar que la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar había desconocido precisamente los derechos de los menores y amenazado su desarrollo armónico e integral. En palabras de la Corte:. Con esos elementos de juicio, luego de una cuidadosa revisión de las pruebas y conceptos de expertos profesionales en relación con el estado de salud de los niños, en especial de valorar que al ser alejados de su padre adoptante para ser reubicados en un hogar sustituto se amenazaba su desarrollo armónico e integral y su salud emocional y mental, la Corte resolvió amparar los derechos fundamentales invocados. De esta manera, sobre la base de la protección al interés superior de los menores, dejando de lado los preconceptos y prejuicios de algunos funcionarios del ICBF sobre la sexualidad del accionante, se ordenó la entrega definitiva de la custodia de los niños a su padre adoptivo. La funcionaria sostuvo, en esencia, que la legislación vigente no permite la adopción por parejas del mismo sexo y que la Constitución solo protege la familia fundada en la heterosexualidad. Vale la pena aclarar que desde su nacimiento la niña había convivido con su madre biológica y con la compañera permanente de aquella, de modo que se había forjado, y así quedó acreditado, un vínculo firme, sólido y estable entre ellas. Dice al respecto:. Todo ello se traduce en un déficit de protección de la menor, a todas luces inaceptable a la luz de la preceptiva constitucional. Por eso, de acuerdo con el fallo, en estos casos la falta de reconocimiento jurídico del vínculo familiar, amenaza el derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 44 de la Constitución a no ser separados de su familia. De todo lo anterior la Corte Constitucional concluye que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo armónico e integral. En el primer caso Sentencia T de , para autorizar la adopción individual de dos menores por una persona homosexual a quien se le negó esa posibilidad, no con fundamento en un examen integral de la situación en que se hallaban los menores, sino a partir de preconcepciones y prejuicios de algunos funcionarios basados en la orientación sexual, y porque de otro modo se afectaría el interés superior y el desarrollo armónico e integral de los niños concernidos. En el segundo Sentencia SU de , simplemente para superar barreras hermenéuticas que pretendían desconocer una situación de hecho en la que una menor ha crecido con su madre biológica y su pareja del mismo sexo, forjando entre ellas, sobre bases de afecto y solidaridad, una relación de familia estable, sólida y permanente. Y finalmente en la Sentencia C de , para reconocer con efectos erga omnes la posibilidad de adopción conjunta o consentida por parejas del mismo sexo, cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. Con los elementos de juicio reseñados entra la Corte a examinar si las normas que regulan el régimen legal de adopción en Colombia, al excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de participar en procesos de adopción de menores, vulneran el principio del interés superior del niño art. Para evaluar la constitucionalidad de las normas acusadas la Corte debe comenzar por reconocer que, cuando el Legislador fijó los requisitos generales para adoptar y señaló quiénes pueden hacerlo, el Código de la Infancia y la Adolescencia fue en principio neutro respecto de la orientación sexual de los aspirantes. El primero de los requisitos generales [] previstos en la norma es el de capacidad, presupuesto indispensable para asumir responsablemente la crianza de un hijo []. Como segundo requisito, la ley no solo exige que la persona sea capaz sino que haya alcanzado una edad mínima de 25 años; esta exigencia, que también estaba prevista en el anterior Código del Menor art. Finalmente, el cuarto requisito tiene que ver con la idoneidad física, mental, moral y social del adoptante, suficiente para suministrar al niño, niña o adolescente un entorno adecuado y estable para su desarrollo integral. De igual forma, el Código de la Infancia y la Adolescencia también se refleja como neutro en términos de orientación sexual al señalar los sujetos que pueden adoptar []. La Sentencia T de , en la que esta corporación ordenó al IBCF la entrega definitiva de la custodia de los niños a su padre adoptante, persona soltera de orientación homosexual, así lo ratifica. Adicionalmente, la ley bajo examen presenta un cambio significativo en comparación con la legislación anterior que la Sala no puede pasar desapercibido. De conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Código de la Infancia y la Adolescencia, la adopción es una medida de protección integral al menor para el restablecimiento de sus derechos, a través de la cual se consolida de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Como ya fue reseñado, la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9o del artículo del Código Civil. Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión. Es idóneo constitucionalmente cuando quien da el consentimiento ha sido debida y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. Las personas solteras. Los cónyuges conjuntamente. Conjuntamente los compañeros permanentes , que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos 2 años. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero , que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos 2 años. Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. En tal sentido destacan que la Convención sobre los derechos del niño arts. Explican que, a diferencia de la presente demanda, la anterior no hace mención al control de las interpretaciones inconstitucionales efectuadas por las autoridades administrativas, como ocurre en el caso específico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Añaden que ese derecho hace parte del interés superior del menor, donde la adopción es el principal mecanismo de protección. Al respecto:. En este sentido dan cuenta de algunas normas que regulan los derechos y obligaciones entre padres e hijos, a saber: código de la infancia y la adolescencia arts. Desde otra perspectiva, también alegan la afectación del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación contra las parejas del mismo sexo, en especial luego de su reconocimiento constitucional como familia en la Sentencia C de Sobre el particular:. Al respecto indican:. Insisten en que todo lo relacionado con la adopción debe ser interpretado principalmente en clave de protección de los derechos de los niños y no como una facultad a favor de las parejas del mismo sexo. A lo cual responden lo siguiente:. Recuerdan que la Corte ha aceptado la posibilidad de someter a control constitucional las interpretaciones institucionales judiciales o administrativas que riñan con el estatuto superior y con las decisiones del tribunal constitucional Auto de , Sentencias C de y C de Con esa premisa, sostienen que la interpretación que de la Ley de han efectuado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF- y la Procuraduría General de la Nación no solo va en contravía del sentido fijado por la jurisprudencia constitucional, sino que infringe importantísimos derechos fundamentales como la igualdad y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia. La apoderada judicial del Ministerio de Salud y Protección Social presenta los resultados de la literatura existente sobre la afectación del bienestar de los menores de edad adoptados o criados por parejas del mismo sexo. Para ello, se remite al concepto enviado en el marco del proceso D Por el contrario, la orientación sexual de los padres es, en general, indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores. Igualmente, destaca que otro estudio elaborado por la Universidad de California encontró que la adopción por parejas del mismo sexo contribuye a mejorar el bienestar de los menores tanto como la adopción por parejas heterosexuales. Con fundamento en todo lo anterior concluye:. El desarrollo cognitivo y emocional de los menores de edad es similar en parejas heterosexuales y homosexuales. La intervención se estructura en cinco 5 apartados. Luego de explicar su alcance constitucional de acuerdo con la jurisprudencia, recuerda que el Estado es el principal llamado a proteger a los niños y niñas, una de cuyas acciones consiste en garantizar el derecho a tener una familia idónea, especialmente a quienes carecen de ella y se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En el segundo apartado examina lo relativo a la adopción en el ordenamiento jurídico colombiano y su neutralidad en materia de orientación sexual. Así, añade, se entiende como no idónea aquella persona que vive en ambientes donde es usual el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia o los atentados a la dignidad humana [7]. Precisa que la Constitución pone en pie de igualdad todas las formas de familia, entre las que destaca las monoparentales, las de crianza y las ensambladas. En concreto se refiere a ciertas garantías procesales no incriminación de la familia, causales de impedimento, excepción al deber de presentar denuncia o testimonio, medidas especiales de protección, entre otras , a las circunstancias de agravación y exclusión de la pena por parentesco civil cuando constituyen mecanismos de especial protección a la familia , así como a la tipificación de ciertos delitos encaminados a la protección de la familia y de los menores. El Defensor del Pueblo reitera la posición expuesta dentro del expediente D La posición institucional de la defensoría es que no permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo contraría el principio del interés superior del menor e impide que los niños y las niñas ejerzan sus derechos fundamentales a tener una familia y a no ser separados de ella, optimizando sus condiciones materiales de dignidad y una mejor calidad de vida. Por lo tanto, añade, al existir identidad de norma acusada, perseguirse el mismo fin y fundarse la demanda en los mismos argumentos que condujeron a la sentencia C de , entiende que existe cosa juzgada formal y por tanto la Corte debe inhibirse de emitir un fallo de fondo. Por el contrario, respecto de la demanda contra la Ley de considera que no existe cosa juzgada, ni formal ni material. Aclara que a pesar de que el tenor literal de las normas acusadas no excluye de la adopción a las parejas del mismo sexo, ello no implica que la Corte no deba pronunciarse sobre su alcance e interpretación, sobre todo teniendo en cuenta la discriminación histórica que ha padecido este grupo poblacional. En cuanto al fondo de la controversia, la Defensoría del Pueblo es categórica en señalar que las parejas del mismo sexo constituyen familia y en consecuencia les asisten los mismos derechos establecidos para las parejas heterosexuales en relación con la posibilidad de adoptar. Se apoya para ello en las Sentencias C de , T de , C de , C de , T de , C de y, especialmente, C de Adicionalmente, observa que en nada se compromete el interés superior de los menores, como lo demuestra la revisión de varios estudios calificados sobre el tema que fueron recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs. La Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presenta similares argumentos a los expuestos en su intervención dentro del proceso D y solicita a la Corte emitir un fallo inhibitorio y subsidiariamente declarar la exequibilidad de las normas acusadas. En primer lugar, frente a la transgresión del derecho a la igualdad, asegura que las razones de inconstitucionalidad que presentan los accionantes no son suficientes en tanto se limitan a exponer que los niños, niñas y adolescentes huérfanos en situación de adoptabilidad se encuentran en igualdad de condiciones en relación con el derecho a tener una familia y que por tanto, pueden ser adoptados por parejas heterosexuales u homosexuales, sin que medie distinción alguna. En esa medida, considera que la ausencia de cargos de inconstitucionalidad por la supuesta vulneración del derecho a la igualdad de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia le impone a la Corte la necesidad de proferir una decisión inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda. Así mismo, estima que los argumentos presentados para sustentar la existencia de una omisión legislativa son insuficientes ya que era indispensable demostrar por qué razón las parejas del mismo sexo son asimilables a las conformadas a través del vínculo matrimonial o como compañeros permanentes heterosexuales. Precisa que el concepto de familia constitucionalmente amparado fue replanteado en la Sentencia C de , para incluir aquellas conformadas por parejas del mismo sexo. Considera que la adopción es el mecanismo idóneo para otorgar una familia apta a un menor. Así, la condición que debe reunir esa familia se debe orientar a la capacidad para cumplir sus deberes para con el menor y permitir su desarrollo armónico e integral, mas no al sexo o al género de quienes la conforman. A su juicio, se configura una mayor afectación a los derechos de los niños cuando se interpretan las normas de manera restrictiva en contra de un sector de la sociedad. Para ello, expone algunas consideraciones desde el punto de vista teórico, jurídico y social. En primer lugar, señala que la teoría feminista y los estudios sobre el género han cuestionado la manera en que el derecho ha contribuido a producir y sostener a la familia heterosexual como orden natural. Por otro lado, hace referencia a las consideraciones expuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas contra Chile, en virtud de las cuales la sola referencia al interés superior del menor sin probar en concreto los daños y riesgos que podría conllevar la orientación sexual de sus padres adoptivos no puede ser la medida idónea para la restricción de un derecho protegido, como del menor a tener una familia. Desde el punto de social, asegura que la adopción por parte de parejas homoparentales y homomaternales no puede ser calificada de moral e inmoral, sino que debe ser reconocida en igualdad de condiciones por tratarse de un derecho que sí tienen las parejas heterosexuales; y agrega que todas las familias deben ser tratadas por igual a pesar de las transformaciones sociales que ha tenido esa institución. Destacan la re-construcción del concepto de familia a partir de la propia jurisprudencia constitucional, en especial desde la Sentencia C de , que incluye aquellas conformadas por parejas del mismo sexo. Asimismo, indican que es necesario desvirtuar el sexo y el género como un requisito idóneo para conceder la adopción, ya que por el contrario son categorías sospechosas de discriminación. Por esa razón, considera que no se vulnera su derecho a la igualdad por el hecho de no ser adoptados por parejas homosexuales, ya que a todos se les garantiza el derecho a tener una familia y a no ser separados de ella. Señala que el derecho ha buscado que la determinación legal de la paternidad coincida o al menos pueda coincidir con la realidad biológica, incluido el vínculo ficticio que existe entre padres e hijos en el caso de la adopción [10]. Agrega que de acuerdo con las evidencias sociológicas disponibles, a los niños les va mejor en casi todos los indicadores examinados cuando son criados por sus padres biológicos o adoptantes casados o en una relación estable; y que otros estudios sugieren que los niños criados en hogares donde hay una relación estable entre al padre y la madre tienen mejor rendimiento académico, gozan de salud emocional y de un desarrollo en las relaciones familiares e interpersonales, con bajos índices delincuenciales [11]. El grupo de investigación Auditorio Constitucional de la Facultad de Derecho de la Institución Universitaria de Envigado, y Santiago Carvajal Casas, estudiante del semillero de investigación Fenomenología Jurídica Narrativa, consideran que no existe razón alguna que permita a una autoridad administrativa o judicial negar la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente en el marco de la diversidad familiar, especialmente en cuanto a orientación sexual se refiere. A juicio de los intervinientes, esta razón incide de forma radical en que hoy se vea como inaceptable la adopción en el marco de la diversidad familiar. Para tal fin se remiten al concepto presentado en el proceso D Con ello, afirman, el Estado incumpliría una de sus principales obligaciones constitucionales en relación con los menores de edad. De otra parte, sostienen que incluir expresamente a las parejas del mismo sexo como adoptantes garantiza de mejor manera el interés superior del niño y sus derechos fundamentales. Trasladado ese principio a la adopción homoparental, recuerdan que desde la Sentencia C de la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo pueden conformar familia y por tanto los menores pueden hacer parte de ellas. Recuerdan que los detractores de la adopción por parejas del mismo sexo sostienen que permitir esta figura afectaría gravemente a los niños por cuanto existe la posibilidad de que el menor desarrolle preferencias homosexuales y sufra consecuencias psicológicas adversas. Este es el caso de la cohorte de niños y niñas del estudio de Golombok, que empezó a seguirse desde la década de en el Reino Unido. Dichos estudios no reportan ninguna diferencia en el desarrollo psicosocial de niños y niñas criados por parejas homosexuales. Los desenlaces revisados por diferentes estudios incluyeron el desarrollo psicosexual, la relación con los padres, desempeño escolar, la interacción con los pares, entre muchos otros. Ninguno de estos estudios ha mostrado que estos niños sean diferentes de los adoptados por hombres o mujeres solteras o por parejas heterosexuales. Así las cosas, no existe en la literatura científica ninguna razón para pensar que los niños o niñas adoptados de forma conjunta o consentida por parejas homosexuales tengan desenlaces diferentes que los niños o niñas adoptados por hombres o mujeres solteros o por parejas heterosexuales. No hacerlo, por el contrario, significaría restringir esas posibilidades e incumplir uno de los deberes del Estado. Tlf Barcelona Busca calidad por encima de cualquier otra cosa un momento de placer no tiene precio y quedara para siempre en tu mente soy mariel chica erotica nueva en barcelona me encanta tener sexo y dar placer. 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De manera preliminar, manifiesta que la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia no fue aportada en el término indicado y por lo tanto no podría ser tenido en cuenta como fundamento en las consideraciones de la Corte al momento de tomar la decisión [].

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No existen estudios científicos respecto de los efectos Putas francesas de 110 mph, en Colombia []genera o podría generar en los niños la adopción por parte de parejas homosexuales o de personas del mismo sexo. En efecto, aunque sí hay algunas opiniones de expertos y artículos de revisión del estado del arte, no existen estudios científicos en los que se hayan analizado casos en que parejas homosexuales hayan criado a niños en el contexto y en la realidad colombiana.

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Hay una mayor cantidad de estudios realizados, a nivel internacional, en relación con click parejas homosexuales conformadas por mujeres que en relación a aquellas conformadas por hombres.

Acto Putas francesas de 110 mph, menciona que aunque no haya sido señalado expresamente en las intervenciones, de la lectura del conjunto de ellas se puede concluir lo siguiente:.

Algunos estudios científicos afirman que no existe evidencia científica que muestre diferencias significativas en los patrones de crianza de las parejas homosexuales y las heterosexuales, como tampoco de que el ser adoptado por una pareja homosexual genere efectos nocivos en los niños, mientras otros estudios científicos indican lo contrario.

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Estudios de ambas posturas han sido cuestionados por otros científicos principalmente por razones metodológicas que impiden que los primeros puedan ser considerados como concluyentes y confiables []. Bajo ese entendido, pone de presente tres aspectos:.

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En su parecer, el papel de la Corte "no es -ni debería ser- convertirse en el avalador metacientífico o supracientífico de los estudios presentados". Señala el Procurador que los estudios científicos Putas francesas de 110 mph no se preguntan si la falta de la figura masculina paterna o femenina materna causa o no alguna afectación a los niños, sino que se preguntan si la orientación sexual read more un factor de riesgo en su proceso de crianza.

Putas francesas de 110 mph de presente que, contrario a lo mencionado, existen estudios en los que se han comparado casos de parejas homosexuales que han criado niños, con casos de parejas heterosexuales que han adoptado, encontrando que el sexo de los padres sí tiene consecuencias determinantes en la crianza de los niños.

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Llama la atención acerca del "suficiente convencimiento científico de que entre hombres y mujeres se dan evidentes Putas francesas de 110 mph determinantes diferencias en el plano genético, anatómico, psicológico []así como éstas diferencias tienen un influencia decisiva en la formación de los Putas francesas de 110 mph, quienes necesitan, para su adecuado desarrollo, de un padre varón y una madre mujer".

En ese sentido, su rol no consiste, como lo sugiere la vista fiscal, en "convertirse en el avalador metacientífico o supracientífico de los estudios presentados". Precisamente esa fue la razón por la cual la Corte solicitó a entidades oficiales e instituciones académicas de reconocido prestigio nacional, en su condición de expertos, que emitieran conceptos científicos para ilustrarla en relación con los efectos que sobre los menores podría tener el hecho de ser adoptados por parejas del mismo sexo.

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Putas francesas de 110 mph No se trata -como lo sostiene la Vista Fiscal- de reemplazar la Constitución Política con base en estudios científicos, sino de considerar la información acerca de los efectos que para el desarrollo integral de un niño representa el hecho de ser criado en una familia homoparental, sobre la base del principio del interés superior del menor. Solo a continue reading ilustrativa, en la Sentencia C de se explicó cómo y por qué la evidencia empírica desempeña un rol valioso en el control constitucional de las leyes y puede contribuir de Putas francesas de 110 mph significativa a la resolución de esta clase de procesos.

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Dijo entonces lo siguiente:. Los elementos empíricos referidos a la realidad del país no sólo eran calificados como innecesarios para ejercer ese control sino que incluso eran considerados ilegítimos, ya que contradecían la naturaleza puramente jurídica del juicio de constitucionalidad, pues en estos casos, la labor de la Corte debería contraerse a comparar el contenido de la disposición acusada con lo preceptuado por la Carta.

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Por ello no es propio de los juicios de constitucionalidad analizar ciertas vicisitudes concretas de las normas, como por ejemplo su indebida aplicación, pues para tal efecto existen otras instancias y mecanismos judiciales.

Esta Corporación ya había señalado al respecto:.

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Con todo, lo anterior no significa que el juicio de constitucionalidad excluya cualquier consideración empírica, Putas francesas de 110 mph el juez constitucional no puede ignorar el contexto histórico y la realidad social en donde toma sus decisiones. Así, en determinados casos, la propia Constitución obliga directamente a tomar en cuenta elementos empíricos para poder adelantar adecuadamente el juicio de constitucionalidad.

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Por ello, en todos estos casos, la Corte, y de here invariable, ha adelantado el control constitucional de estos Putas francesas de 110 mph con un estudio empírico muy detallado de la realidad del país []. Y para responder a ese interrogante era necesario determinar si la arena constituía o no un recurso renovable, elemento empírico y técnico que tuvo una incidencia indiscutible en la decisión.

En otros eventos, si bien la Carta no ordena abiertamente que la Corte tenga en cuenta ciertos elementos empíricos, es indudable que éstos han ejercido un papel determinante en las discusiones constitucionales, por la Putas francesas de 110 mph razón de que una norma puede ser exequible, en un cierto contexto histórico, pero tornarse inexequible si la situación social o política fuera totalmente diferente.

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Algunos ejemplos significativos, sin pretensión de exhaustividad, son los siguientes:. Así, la Corte, en la sentencia C de estudió la constitucionalidad del aumento Putas francesas de 110 mph la edad de jubilación de hombres y mujeres, y para ello tuvo en cuenta la evolución histórica y las proyecciones sobre esperanza de vida. Por su parte, la sentencia C dediscutió si violaba o no el principio de igualdad que la Ley de previera una edad de jubilación menor para las mujeres que para los hombres.

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En ese mismo contexto, la sentencia C derevisó la constitucionalidad de la ley estatutaria que pretendía, por un sistema de cuotas, favorecer la participación de la Putas francesas de 110 mph en los niveles decisorios del Estado. La información empírica sobre los niveles educativos actuales de las mujeres y su participación en las instancias directivas del Estado jugó un papel esencial en el examen de constitucionalidad de la legitimidad de esas formas de acción afirmativa.

Igualmente, la sentencia C dedeclaró la inconstitucionalidad de los artículos 68 y 82 de la ley deque establecían que el Putas francesas de 110 mph de conciliación era un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral.

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Dijo entonces esta Corporación:. Tal sucedió, en gran medida, con el régimen legal del sistema UPAC, declarado inexequible por esta Corte.

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La Corte tuvo razón entonces en retirarlo del ordenamiento, a pesar de que teóricamente ese mecanismo puede funcionar en otros contextos y con ciertos ajustes normativos e institucionales. Por ello, para que una regulación legal, que en apariencia y en abstracto se ajusta a la Carta, pueda ser declarada inexequible, debido a consideraciones empíricas, es necesario establecer Putas francesas de 110 mph las situaciones inconstitucionales derivan de los diseños institucionales y de las regulaciones establecidas en la ley.

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Por el contrario, dichos estudios son relevantes en el juicio de constitucionalidad porque con ello se busca mostrar los efectos que para el Putas francesas de 110 mph integral de un niño podría tener el hecho de ser adoptado por parejas del mismo sexo, punto central de esta discusión constitucional.

De esta manera, las pruebas allegadas son necesarias, conducentes y pertinentes, en tanto se encuentra de Putas francesas de 110 mph medio la protección del interés superior del menor, representado en el derecho que tienen todos aquellos que se encuentran en situación de adoptabilidad a tener una familia.

Precisamente por ello es que el ICBF aclara que lo que le interesa a esa entidad es evaluar las capacidades de los potenciales padres para mantener una relación afectiva y estable y que cuenten con las condiciones adecuadas para garantizar la identidad personal, social y cultural del menor, sin importar su orientación sexual.

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Ya sea la adopción conjunta, la del hijo biológico de la pareja complementaria o por consentimiento o la adopción sucesiva. En el contexto latinoamericano se pueden referir México, Argentina, Uruguay y Brasil. Se ha aceptado como un hecho científico que no resulta contrario al interés del menor el crecer en un entorno homoparental. Holanda fue precursor. En decidieron finalizar su matrimonio a través de una separación de hecho y establecieron de mutuo acuerdo que la señora Atala Riffo mantendría la tuición y cuidado de las niñas. En noviembre de ese año la compañera sentimental de la señora Riffo comenzó a convivir en la misma casa con ella y con las menores. El padre de las niñas interpuso una demanda de tuición o custodia al considerar que el desarrollo físico y emocional de sus hijas estaría en serio peligro de continuar bajo el cuidado de su madre. El padre de las niñas presentó una queja contra las anteriores decisiones y mediante sentencia del 31 de mayo de la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió el recurso presentado y otorgó la tuición definitiva al padre biológico. La Corte Suprema sustentó su decisión en los siguientes argumentos: i las menores podrían ser objeto de discriminación social derivada de la convivencia de la madre con su pareja homosexual; ii algunos testimonios dieron cuenta de que los juegos y actitudes de las niñas eran demostrativos de confusión ante la sexualidad materna; iii la madre antepuso sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que llevaba a cabo la crianza y cuidado de las menores; y iv la afectación de las niñas al no vivir en una familia tradicional []. El asunto llegó a examen de la Corte IDH, quien declaró responsable al Estado por la violación, entre otros, de los derechos a la igualdad y no discriminación y a la vida privada tanto de la señora Atala Riffo como de sus hijas, ante la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia" []. Sobre el particular señaló:. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño []. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños [] " []. Sobre los argumentos en los cuales se basó la Corte Suprema de Justicia de Chile para otorgar la custodia al padre de las niñas, la Corte IDH expuso, en primer lugar que para justificar una diferencia de trato o la restricción de un derecho, no puede servir como sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. A juicio de la Corte, " si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios" []. Al respecto sostuvo:. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos [] " []. En cuanto a la alegada confusión de roles, la Corte IDH hizo mención a los informes científicos aportados por dos reconocidos peritos, considerados como representativos y autorizados en las ciencias sociales, quienes señalaron que "la convivencia de menores de edad con padres homosexuales no afecta per se su desarrollo emocional y psicológico". Sobre tales conceptos sostuvo:. Asimismo, la perita Jernow mencionó varios fallos de tribunales nacionales que se refirieron a investigaciones científicas como prueba documental para afirmar que el interés superior del niño no se vulnera con la homosexualidad de los padres. Sobre el alegado privilegio de intereses, la Corte explica que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas []. Es decir, "la orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones [] ". En ese sentido, corresponde analizar en cada caso concreto si la protección de la familia tradicional y la protección del interés superior del menor requieren excluir de la adopción a las parejas del mismo sexo. En la decisión X y otros contra Austria [] , el TEDH estudió el caso de tres ciudadanos austriacos, quienes alegan haber sido discriminados por su orientación sexual ante la prohibición de la adopción para parejas del mismo sexo. El 17 de febrero de acordaron que el menor sería adoptado por la primera demandante. Sin embargo, conscientes de lo establecido en el artículo Lo anterior, en tanto ese artículo sí permite esa clase de adopción para las parejas heterosexuales. El Tribunal Constitucional desestimó la solicitud por ser inadmisible, siendo competente el Tribunal del Distrito para decidir si aprobaba el acuerdo de adopción. De no aprobarlo, los demandantes tendrían la oportunidad exponer sus argumentos sobre la presunta inconstitucionalidad de la disposición ante los tribunales de apelación. Los demandantes acudieron entonces al Tribunal del Distrito con el fin de que fuera aprobado el acuerdo de adopción. Explicaron que habían desarrollado un importante lazo afectivo y que el menor se había visto beneficiado al residir en un hogar bajo el cuidado de dos adultos y por eso su pretensión era obtener el reconocimiento legal de su unidad familiar. Mediante decisión del 10 de octubre de , el Tribunal del Distrito negó las pretensiones aduciendo que el Código Civil no preveía ninguna forma de adopción que lograra el efecto esperado por los demandantes. En esa medida, consideró que la posibilidad de dos personas del mismo sexo de adoptar es una cuestión que el propio Estado debe decidir, dentro de los límites impuestos por el Convenio, y que para el caso austriaco no existía tal posibilidad, ni siquiera al interpretar la legislación. Los demandantes apelaron la decisión, recurso que fue desestimado por el Tribunal Regional, ante la duda de que la tercera demandante pudiera representar a su hijo dentro del proceso. Por esto, interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que consideró que, contrario a lo señalado por los demandantes, el principal objetivo de la adopción es promover el bienestar del menor, objetivo que solo puede lograrse "cuando la adopción permite que se vuelva a crear en la medida de lo posible una familia biológica". La negativa de autorizar la adopción por parte de un homosexual, no sería contraria al artículo 14 del Convenio de conformidad con el artículo 8, si esta negativa persigue un objetivo legítimo, a saber, la protección del interés del niño y que no se vulnere el principio de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se persigue". Para el Tribunal Supremo, con sustento en lo anterior, los demandantes no demostraron que el artículo del Código Civil austriaco se hubiera excedido en su margen de apreciación o que violara el principio de proporcionalidad. Con base en ello desestimó el recurso interpuesto. Llegado el asunto al TEDH, este comenzó por recordar lo siguiente:. Dicha diferencia de trato es discriminatoria si no existe una justificación objetiva y razonable; en otras palabras, si no persigue un objetivo legítimo o si no hay una relación de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el objetivo perseguido que se pretende alcanzar. Los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si, y en qué medida, las diferencias entre unas situaciones y otras similares justifican las diferencias de trato Cuando una diferencia de trato se encuentra motivada en el sexo o en la orientación sexual, el margen de apreciación del Estado es limitado" []. Previo a examinar la queja de los demandantes, el Tribunal precisó que existen tres tipos de situaciones que se pueden distinguir en el contexto de la adopción por homosexuales: i una persona puede adoptar por sí sola adopción individual ; ii una persona podría adoptar el hijo de su pareja con el objetivo de que ambos sean reconocidos legalmente como sus padres adopción por un segundo padre ; y iii una pareja del mismo sexo podría adoptar a un niño adopción conjunta. Teniendo esto en cuenta, advirtió que hasta ese momento el TEDH se había ocupado de dos casos en relación con la adopción individual Fretté y E. El TEDH recordó que la legislación francesa autorizaba a cualquier persona soltera, hombre o mujer, a solicitar la adopción, pero las autoridades nacionales habían denegado la petición del demandante con fundamento en su orientación sexual, introduciendo implícitamente una diferencia de trato basada en la orientación sexual. Sin embargo, consideró que las decisiones de las autoridades nacionales habían perseguido un objetivo legítimo, cual era la protección de la salud y los derechos del niño que podrían verse involucrados en un procedimiento de adopción. Al respecto indicó:. En conclusión, el Tribunal consideró que la negativa a autorizar la adopción, no había infringido el principio de proporcionalidad y que en consecuencia, la diferencia de trato denunciada no era discriminatoria en el sentido del artículo 14 del Convenio ap. Mencionó que en esa oportunidad las autoridades nacionales habían basado sus decisiones en dos motivos principales: la falta de un "referente paterno" en el hogar de la demandante y la falta de compromiso por parte de su pareja []. Sobre el particular reseñó:. Mientras que el segundo motivo era razonable, el primer motivo estaba implícitamente ligado a la homosexualidad de la demandante y las autoridades con respecto a esto, determinaron que era excesivo en base a la solicitud de autorización para adoptar por parte de una sola persona. En resumen, la orientación sexual de la demandante siempre había sido el enfoque de las decisiones en cuanto a ella y había sido decisiva a la hora de denegar la autorización para adoptar ap. Señaló que en la legislación francesa se permitía a una persona soltera adoptar y no se discute que permitiese la posibilidad de que un homosexual soltero adoptase. Por consiguiente, el Tribunal [TEDH] determinó que se había cometido una violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 ap. Una de ellas era la madre de un niño concebido mediante reproducción asistida y solicitaron la autorización de adopción simple en virtud de la legislación francesa. Sin embargo, los tribunales nacionales denegaron la petición de adopción con base en que ello supondría la transferencia de la patria potestad de la madre del niño a su pareja, que no era en aras del interés superior del niño ap. Al respecto se reseñó lo siguiente:. Señaló que, en los casos de adopción simple, la legislación francesa permitía solamente a las parejas casadas compartir la patria potestad. En cuanto a la situación de las parejas heterosexuales solteras, que conviven juntas como las demandantes, mediante unión civil, el Tribunal señaló que la adopción por un segundo padre no se les permitía, ya fueran heterosexuales u homosexuales ap. Por lo tanto, no había habido ninguna diferencia de trato basada en la orientación sexual. En conclusión, el Tribunal [TEDH] consideró que no había habido una violación del artículo 14 en relación con el artículo 8". Aclarado lo anterior, el TEDH consideró que en esta ocasión las demandantes no se encontraban en una situación similar a la de una pareja casada en materia de la adopción por un segundo padre. Sin embargo, estimó que sí se encontraban en una situación relevantemente similar a la de una pareja heterosexual, en donde se desea adoptar al hijo de la otra pareja. Analizando el asunto teniendo en cuenta dicha circunstancia, el TEDH señaló que "no cabe duda de que la legislación aplicable lleva a una distinción entre las parejas solteras heterosexuales de las parejas homosexuales en materia de la adopción por un segundo padre. Asimismo, indicó que el Tribunal Regional también se basó en la imposibilidad legal de la adopción solicitada por los demandantes y no tomó la declaración a algunas de las personas interesadas, como los demandantes y el padre del menor. Al contrario, añadió, "prestó mucha atención al hecho acerca de que el concepto de 'padres' en el derecho de familia austriaco, significa padres del sexo opuesto" y "tuvo en cuenta el interés superior del niño de mantener contacto con ambos padres de diferente sexo, que en su opinión influía claramente en contra de autorizar la adopción de un niño por la pareja del mismo sexo de uno de sus progenitores". A juicio del TEDH la adopción solicitada en este caso era de cualquier forma legalmente imposible, de conformidad con el artículo Dicha imposibilidad impidió que los tribunales nacionales examinaran de manera significativa si la adopción era en interés del menor y en consecuencia no investigaron las circunstancias del caso detalladamente. E, TEDH recuerda que la legislación austriaca permite la adopción por un segundo padre a las parejas solteras heterosexuales y por eso entra a determinar si la denegación de este derecho a las parejas solteras homosexuales atiende a un objetivo legítimo y si es proporcionada. Al respecto explica que la protección de la familia en el sentido tradicional es en principio una razón de peso y legítima que podría justificar una diferencia de trato, como sucede con la protección del interés superior del menor. Sin embargo, añade que la proporcionalidad de dichas medidas debe comprobarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso []. Sobre este punto dijo:. En los casos en donde el margen de apreciación se encuentra limitado, como en una posición en donde hay una diferencia de trato por razón de sexo u orientación sexual, el principio de proporcionalidad no solamente exige en principio, que la medida elegida sea adecuada para el logro de objetivo buscado. Aplicando la jurisprudencia anteriormente citada, el Tribunal señala que la carga de la prueba recae en el Gobierno. El Tribunal reitera que el artículo Por el contrario, han reconocido que en términos personales, las parejas del mismo sexo pueden ser igual de adecuadas o no a la hora de adoptar niños, que una pareja de diferente sexo. Por otra parte, el Gobierno indicó que el Código Civil no tenía la finalidad de excluir la adopción por un segundo padre a las parejas del mismo sexo. No obstante, destacaron que el legislador había querido evitar una situación en la que un niño tenga dos madres o dos padres a efectos legales. Todas las consideraciones anteriores -la existencia de una vida familiar de facto entre los demandantes, la importancia de tener la posibilidad de obtener el reconocimiento legal de la misma, la falta de pruebas aportadas por el Gobierno con el fin de demostrar que sería perjudicial para el niño, ser criado por una pareja del mismo sexo o tener dos madres y dos padres a efectos legales, y especialmente el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo pueden ser igual de adecuados para llevar a cabo una adopción por un segundo padre, que las parejas de distinto sexo - pone en duda la proporcionalidad de la prohibición absoluta de la adopción por un segundo padre por parejas del mismo sexo, derivada del artículo Con sustento en lo anterior, el Tribunal consideró que el Estado no expuso motivos suficientemente convincentes y de peso para justificar que la exclusión de la adopción por un segundo padre por parte de una pareja del mismo sexo, al tiempo que permitía esa posibilidad en una pareja soltera de distinto sexo, era necesaria para la protección de la familia en el sentido tradicional o para la protección de los intereses del niño. Por ello concluyó que dicha distinción era incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No existe en esta materia una ley expedida por el Congreso que regule la adopción para los 51 estados. Cada año mueve cientos de millones de euros. Y sigue creciendo. Una prostituta conversa con un mosso d'esquadra en La Jonquera. Ni rastro de la española. La prostitución tiene bastante que ver con esta nueva fisonomía. Ni rastro de la española Foto: David López Frías. Para entender por qué La Jonquera es algo así como el paraíso de la prostitución para los franceses, hay que valorar varios factores. Eso ha provocado que históricamente haya sido considerada una de las capitales europeas del contrabando. Nadie controla el paso desde , cuando se suprimieron las fronteras. Los franceses siguen viniendo a hacer sus comprar a este lado de la raya. Un ejemplo es el tabaco. Un paquete de Marlboro en Francia cuesta 7 euros. En España no llega a 5. 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Como tal, las rotondas disminuyen el "Nivel de servicio" de los peatones y desperdician valioso espacio urbano. Si un vehículo cruza la intersección, mi señal de cruce es roja y la suya es verde. La gente pasa luces rojas pero, si estoy prestando atención, puedo ver cómo se desarrolla y reaccionar en consecuencia. Nada de esta previsibilidad existe con una rotonda. Por todas estas razones imprevisibilidad, seguridad, distancia y tiempo de viaje , cruzar una rotonda como peatón puede ser horrible. Las estadísticas y fotos que siguen lo confirman. Rompieron estos datos por tipos de choques y severidad. El suyo no es el primer estudio para hacer esto. Ha habido docenas. Incluyeron datos de choques de peatones, pero no hicieron recuentos reales de peatones para determinar una "tasa de choques". Los conteos deben ser realizados por voluntarios humanos con portapapeles y hojas de conteo. Las hacen de manera integral. Los accidentes de peatones pasaron de 10 a Los accidentes de un solo carril aumentaron un En ninguna parte del informe se destacan o se resumen estos datos peatonales. El mismo diseño de la rotonda puede haber disuadido a los ciclistas de entrar en ella. Es solo que la severidad general de estos choques para autos disminuyó. Esto es lo que quieren decir los defensores de la rotonda por "seguridad" para los automóviles. Sin embargo, sus efectos sobre la seguridad de los peatones en los Estados Unidos siguen sin ser demostrados. Tenga en cuenta que incluso los autores de este estudio reconocen aquí y en la tabla 1. Luego hizo lo mismo después de que la intersección se convirtiera en una rotonda conteos de peatones y datos de accidentes de 5 a 10 años. Así que cualquier resultado obtenido es "teórico". Sin embargo, como se mencionó anteriormente, hay muy poca información sobre los accidentes de peatones ". Entonces, nada acerca de este estudio es "autoritario". Esto es como decir "la correlación prueba la causalidad", lo cual no es así, e ignora muchas facetas de las rotondas que son potencialmente peligrosas para los peatones. Sólo su severidad disminuyó. Los niños, los usuarios de sillas de ruedas y los peatones con discapacidades visuales enfrentan riesgos particulares. A menos que estos problemas se aborden mediante un diseño, la intersección es "inaccesible" y es posible que no esté permitida por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ADA, por sus siglas en inglés. La complejidad de las interacciones de los vehículos dentro de una rotonda deja a un ciclista vulnerable, y por esta razón, los carriles para bicicletas dentro de la carretera circulatoria nunca deben usarse ". Muchos de los estudios extranjeros en el informe que se analizan a continuación mostraron un mayor riesgo para los ciclistas. El capítulo 5 del informe resume algunos datos extranjeros de varios países. He intentado acceder y tamizar algunos de estos. Un estudio holandés de citado por Schoon y van Minnen de intersecciones convertidas en rotondas mostró grandes mejoras, pero el informe de la FHWA no detallaba la metodología del estudio y no pude encontrar una copia del estudio en línea, solo referencias al mismo. El informe se centra de manera abrumadora en los automóviles y la seguridad del conductor, al igual que la FHWA. Esto es similar a lo que MnDOT encontró. El autor quiere culpar a la "confusión del conductor", pero no tiene ninguna encuesta o evidencia científica para esto y la causa es irrelevante. El artículo tiene cero estadísticas peatonales. Todos deben mirar la imagen aérea de una de las rotondas. Lo incluyo a continuación. Duplica o triplica las distancias de cruce para los peatones, ya que los cruces peatonales tienen que estar alejados del círculo para que sean ligeramente seguros. La intersección ahora desperdicia el doble de su espacio original. Tenga en cuenta que no hay aceras en las patas este-oeste de la rotonda. Hace referencia a las experiencias de Carmel, Indiana a partir de No hay recuentos de peatones. Es una de las peores pesadillas peatonales que he visto. Hace que el paso elevado de Maryland Avenue en la IE parezca un paraíso para peatones. Los peatones se ven obligados a realizar dos cruces de vueltas de deslizamiento en las esquinas ciegas de alto riesgo y alta velocidad, todas sin señales..

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Un paquete de Marlboro en Francia cuesta 7 euros. En España no llega a 5. Lo mismo pasa con los hipermercados y grandes almacenes. Asimismo, una mayoría de 5 a 4 encontró que la definición de cónyuge prevista en la norma analizada era discriminatoria en términos de orientación sexual, por lo que contrariaba el artículo 15 en mención. En ese caso cuatro parejas de lesbianas solicitaban en adopción a sus hijastros. El estatuto vigente para la época, Sección 1 de la Ley de Ontario, solamente permitía que un cónyuge solicitara la adopción del hijo biológico de su compañero, precisando que el término "cónyuge" exclusivamente aplicaba a personas del sexo opuesto. Igualmente señaló que la legislación propendía por el interés superior de los niños, el cual era incompatible con la prohibición absoluta en materia de adopción impuesta a las parejas del mismo sexo. Antes de esta decisión la Ley de Ontario había permitido solicitudes individuales de adopción por parte de personas con distinta orientación sexual, pero había negado las solicitudes de adopción conjunta. En esa oportunidad la Corte de Ontario modificó nuevamente dicha acepción con el propósito de incluir a las parejas del mismo sexo, aplicando para el efecto los argumentos expuestos en el caso K Re []. La solicitud inicial de las demandantes fue que el Tribunal estableciera si la definición de "cónyuge" dada por la Ley de Alberta incluía a las parejas del mismo sexo y, de no ser así, si esto vulneraba la Carta. El Fiscal General se opuso inicialmente a dichas solicitudes, pero posteriormente retiró la oposición cuando el Gobierno anunció su intención de modificar la Ley de Bienestar de la Infancia Child Welfare Act. La enmienda presentada sustituyó el término "cónyuge" por "padrastro" , con el fin de permitir, entre otras cosas, las adopciones por parejas del mismo sexo. En ese fallo el Tribunal de Alberta concluyó, aplicando las reglas de interpretación normativa, que la intención del legislador al cambiar "cónyuge" por "padrastro" era permitir las adopciones por personas del mismo sexo. Así las cosas, consideró innecesario examinar la petición relacionada con la violación a la Carta. Asimismo, la Corte reconoció que su decisión podía afectar a muchos otros estatutos y leyes que incluyeran una definición similar del término "cónyuge". Bajo este contexto, como se mencionó con anterioridad, la Asamblea Legislativa de Ontario aprobó una nueva ley mediante la cual se otorgó a las parejas del mismo sexo iguales derechos y deberes legales que los otorgados a las parejas heterosexuales. La denegación de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo es la posición generalizada de la legislación [] y los tribunales italianos. Sin embargo, el 29 de agosto de el Tribunal para los Menores de Roma decretó la primera adopción en Italia que da origen a una familia homoparental. Tras regresar a vivir a Italia con la menor, las mujeres se inscribieron en el registro de las Uniones Civiles de Roma. Posteriormente la madre no biológica, decidida a dar pleno reconociendo jurídico al vínculo afectivo de hecho, solicitó al Tribunal de Menores la adopción de la niña. Consideró el Tribunal que en esta clase de adopciones se debe dar prevalencia al interés del menor, dando relevancia a la preexistencia de vínculos afectivos entre los sujetos de la relación adoptiva. En consecuencia, afirmó, una interpretación en sentido diferente sería contraria a la ratio legis , a la Constitución y a los principios señalados por la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales "CEDU" , de la cual Italia es parte. Manifestó que una interpretación que excluya la adopción para las parejas homosexuales solamente en razón de la mencionada condición, reconociendo al mismo tiempo la posibilidad de recurrir a tal instituto a las parejas de hecho heterosexuales, es contraria al principio de igualdad y de la tutela de los derechos fundamentales artículos 2 y 3 de la Constitución. En , mediante una reforma introducida en el Código General Civil y la Ley de Compañeros Permanentes [] se permitió la adopción por parte de parejas del mismo sexo de los hijos biológicos de sus compañeros. Solicitó al parlamento dictar, antes del 31 de diciembre de , una nueva reglamentación para superar dicha situación. Igualmente señaló que " las dudas fundamentales en el sentido de si es perjudicial para el bienestar de los niños crecer con padres del mismo sexo, a la luz de las regulaciones ya existentes, no sirve para justificar la regulación impugnada" []. El estudio de derecho comparado previamente enunciado permite concluir que el interés superior del menor siempre ha estado presente en las discusiones, ya sean legislativas o judiciales, que definen la posibilidad de adoptar para las personas solteras o parejas del mismo sexo. En ese sentido, siempre con sustento en evidencia empírica, se ha determinado que el interés superior del menor no se ve afectado por el hecho de ser adoptado por una persona de orientación homosexual o por una pareja del mismo sexo. Al contrario, el reconocimiento de esta clase de adopción por diferentes Estados y organismos internacionales se ha concebido como una medida que contribuye a cumplir con el objetivo de otorgar al niño o la niña la posibilidad de crecer en el seno de una familia. Bajo ese entendido, es en cada caso concreto que las autoridades deben determinar la idoneidad de los solicitantes de la adopción. Para tal fin, mediante Auto del 24 de febrero de , el Magistrado Sustanciador dispuso el traslado de las pruebas decretadas, practicadas y oportunamente allegadas dentro del expediente D Los conceptos remitidos por las mencionadas instituciones y facultades, soportados casi todos en abundante información científica, pueden dividirse en tres enfoques:. Adicionalmente, asegura que la homosexualidad "constituye de alguna manera una enfermedad" []. Para mejor ilustración la Corte sintetiza a continuación los principales argumentos de dichos conceptos, haciendo especial referencia a las fuentes en que se encuentran soportados. En escrito radicado el pasado 10 de marzo de el Procurador da respuesta al citado proveído y presenta algunas consideraciones sobre las pruebas trasladadas y la pertinencia de los estudios científicos. De manera preliminar, manifiesta que la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia no fue aportada en el término indicado y por lo tanto no podría ser tenido en cuenta como fundamento en las consideraciones de la Corte al momento de tomar la decisión []. Al respecto señala:. No existen estudios científicos respecto de los efectos que, en Colombia [] , genera o podría generar en los niños la adopción por parte de parejas homosexuales o de personas del mismo sexo. En efecto, aunque sí hay algunas opiniones de expertos y artículos de revisión del estado del arte, no existen estudios científicos en los que se hayan analizado casos en que parejas homosexuales hayan criado a niños en el contexto y en la realidad colombiana. Hay una mayor cantidad de estudios realizados, a nivel internacional, en relación con las parejas homosexuales conformadas por mujeres que en relación a aquellas conformadas por hombres. Acto seguido, menciona que aunque no haya sido señalado expresamente en las intervenciones, de la lectura del conjunto de ellas se puede concluir lo siguiente:. Algunos estudios científicos afirman que no existe evidencia científica que muestre diferencias significativas en los patrones de crianza de las parejas homosexuales y las heterosexuales, como tampoco de que el ser adoptado por una pareja homosexual genere efectos nocivos en los niños, mientras otros estudios científicos indican lo contrario. Estudios de ambas posturas han sido cuestionados por otros científicos principalmente por razones metodológicas que impiden que los primeros puedan ser considerados como concluyentes y confiables []. Bajo ese entendido, pone de presente tres aspectos:. En su parecer, el papel de la Corte "no es -ni debería ser- convertirse en el avalador metacientífico o supracientífico de los estudios presentados". Señala el Procurador que los estudios científicos aportados no se preguntan si la falta de la figura masculina paterna o femenina materna causa o no alguna afectación a los niños, sino que se preguntan si la orientación sexual constituye un factor de riesgo en su proceso de crianza. Pone de presente que, contrario a lo mencionado, existen estudios en los que se han comparado casos de parejas homosexuales que han criado niños, con casos de parejas heterosexuales que han adoptado, encontrando que el sexo de los padres sí tiene consecuencias determinantes en la crianza de los niños. Llama la atención acerca del "suficiente convencimiento científico de que entre hombres y mujeres se dan evidentes y determinantes diferencias en el plano genético, anatómico, psicológico [] , así como éstas diferencias tienen un influencia decisiva en la formación de los niños, quienes necesitan, para su adecuado desarrollo, de un padre varón y una madre mujer". En ese sentido, su rol no consiste, como lo sugiere la vista fiscal, en "convertirse en el avalador metacientífico o supracientífico de los estudios presentados". Precisamente esa fue la razón por la cual la Corte solicitó a entidades oficiales e instituciones académicas de reconocido prestigio nacional, en su condición de expertos, que emitieran conceptos científicos para ilustrarla en relación con los efectos que sobre los menores podría tener el hecho de ser adoptados por parejas del mismo sexo. No se trata -como lo sostiene la Vista Fiscal- de reemplazar la Constitución Política con base en estudios científicos, sino de considerar la información acerca de los efectos que para el desarrollo integral de un niño representa el hecho de ser criado en una familia homoparental, sobre la base del principio del interés superior del menor. Solo a manera ilustrativa, en la Sentencia C de se explicó cómo y por qué la evidencia empírica desempeña un rol valioso en el control constitucional de las leyes y puede contribuir de manera significativa a la resolución de esta clase de procesos. Dijo entonces lo siguiente:. Los elementos empíricos referidos a la realidad del país no sólo eran calificados como innecesarios para ejercer ese control sino que incluso eran considerados ilegítimos, ya que contradecían la naturaleza puramente jurídica del juicio de constitucionalidad, pues en estos casos, la labor de la Corte debería contraerse a comparar el contenido de la disposición acusada con lo preceptuado por la Carta. Por ello no es propio de los juicios de constitucionalidad analizar ciertas vicisitudes concretas de las normas, como por ejemplo su indebida aplicación, pues para tal efecto existen otras instancias y mecanismos judiciales. Esta Corporación ya había señalado al respecto:. Con todo, lo anterior no significa que el juicio de constitucionalidad excluya cualquier consideración empírica, pues el juez constitucional no puede ignorar el contexto histórico y la realidad social en donde toma sus decisiones. Así, en determinados casos, la propia Constitución obliga directamente a tomar en cuenta elementos empíricos para poder adelantar adecuadamente el juicio de constitucionalidad. Por ello, en todos estos casos, la Corte, y de manera invariable, ha adelantado el control constitucional de estos decretos con un estudio empírico muy detallado de la realidad del país []. Y para responder a ese interrogante era necesario determinar si la arena constituía o no un recurso renovable, elemento empírico y técnico que tuvo una incidencia indiscutible en la decisión. En otros eventos, si bien la Carta no ordena abiertamente que la Corte tenga en cuenta ciertos elementos empíricos, es indudable que éstos han ejercido un papel determinante en las discusiones constitucionales, por la sencilla razón de que una norma puede ser exequible, en un cierto contexto histórico, pero tornarse inexequible si la situación social o política fuera totalmente diferente. Algunos ejemplos significativos, sin pretensión de exhaustividad, son los siguientes:. Así, la Corte, en la sentencia C de estudió la constitucionalidad del aumento de la edad de jubilación de hombres y mujeres, y para ello tuvo en cuenta la evolución histórica y las proyecciones sobre esperanza de vida. Por su parte, la sentencia C de , discutió si violaba o no el principio de igualdad que la Ley de previera una edad de jubilación menor para las mujeres que para los hombres. En ese mismo contexto, la sentencia C de , revisó la constitucionalidad de la ley estatutaria que pretendía, por un sistema de cuotas, favorecer la participación de la mujer en los niveles decisorios del Estado. La información empírica sobre los niveles educativos actuales de las mujeres y su participación en las instancias directivas del Estado jugó un papel esencial en el examen de constitucionalidad de la legitimidad de esas formas de acción afirmativa. Igualmente, la sentencia C de , declaró la inconstitucionalidad de los artículos 68 y 82 de la ley de , que establecían que el intento de conciliación era un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral. Dijo entonces esta Corporación:. Tal sucedió, en gran medida, con el régimen legal del sistema UPAC, declarado inexequible por esta Corte. La Corte tuvo razón entonces en retirarlo del ordenamiento, a pesar de que teóricamente ese mecanismo puede funcionar en otros contextos y con ciertos ajustes normativos e institucionales. Por ello, para que una regulación legal, que en apariencia y en abstracto se ajusta a la Carta, pueda ser declarada inexequible, debido a consideraciones empíricas, es necesario establecer que las situaciones inconstitucionales derivan de los diseños institucionales y de las regulaciones establecidas en la ley. Por el contrario, dichos estudios son relevantes en el juicio de constitucionalidad porque con ello se busca mostrar los efectos que para el desarrollo integral de un niño podría tener el hecho de ser adoptado por parejas del mismo sexo, punto central de esta discusión constitucional. De esta manera, las pruebas allegadas son necesarias, conducentes y pertinentes, en tanto se encuentra de por medio la protección del interés superior del menor, representado en el derecho que tienen todos aquellos que se encuentran en situación de adoptabilidad a tener una familia. Precisamente por ello es que el ICBF aclara que lo que le interesa a esa entidad es evaluar las capacidades de los potenciales padres para mantener una relación afectiva y estable y que cuenten con las condiciones adecuadas para garantizar la identidad personal, social y cultural del menor, sin importar su orientación sexual. Chile —ya reseñada-, al sostener que el interés superior del menor no entra en contradicción con la orientación sexual de los padres ni representa un riesgo para el niño o la niña. Posición similar fue expuesta por la Defensoría del Pueblo. Y esto no es tan ahorrador de espacio como podría haber sido. Eso habría dejado tierra urbanizable adicional en las parcelas cercanas. Y sí, esto funciona para semis, tienen video de un camión de longitud completa haciendo un impresionante giro en U. Rosa 27 de noviembre de a las am Creo que sí requieren plantaciones. Requieren algo, a juzgar por el daño que causaron los letreros antes de que estuvieran las plantaciones. El concreto elevado no se ve tan diferente de la calle sin arar, cuando nieva. Joseph Totten 28 de noviembre de a las pm Shakopee parece haberlo resuelto, vea el enlace de arriba. Sean Hayford Oleary 17 de noviembre de a las am Realmente aprecio este detallado artículo, Andy. Aunque como uno de esos defensores de las bicicletas que ha hablado a favor de las rotondas, sigo en desacuerdo. Mi mayor conclusión de los estudios que enumera es que se trata de una acusación de gran alcance para la investigación del transporte, lo cual, estoy totalmente de acuerdo, se ha olvidado de examinar en profundidad los efectos sobre la seguridad y la experiencia de los ciclistas o peatones. Sin embargo, los estudios que cita no prueban que las rotondas empeoren la experiencia de los peatones; simplemente no lo abordan de ninguna manera rigurosa. Andy Singer 17 de noviembre de a las pm Estoy en desacuerdo. La eliminación del carril de giro si es que ocurre debe colocarse en una mediana para que los peatones no se maten. Incluí parte de la foto de la calle Dale en parte para que la gente pudiera imaginar lo que habría sido necesario para construir allí las rotondas dobles propuestas. La ciudad o MnDOT habrían tenido que comprar trozos o las cuatro propiedades. Se propusieron las rotondas allí y para el proyecto 35 Access porque MnDOT no quiere que las señales de respaldo salgan en las horas pico que pueden generar las señales. Todas estas rampas son de dos carriles, por lo que no va a deshacerse de los carriles de giro. Sean Hayford Oleary 17 de noviembre de a las pm Creo que el puente de Dale St es en realidad un muy buen ejemplo de los beneficios del espacio. Los intercambios de Carmel Keystone son diamantes apretados, donde las rampas de salida son casi inmediatamente adyacentes al hombro de la autopista. Por otro lado, con una sola rotonda de "mancuerna", los autos no necesitan hacer cola en esa ubicación. Esto agrega muy poco espacio adicional necesario. Pero esa cantidad de impacto no parece insuperable. Estamos hablando de parte de un lote vacante en la esquina NW y en las esquinas de las otras propiedades. Pero con un diseño como este, parece un uso razonable del espacio. Andy Singer 17 de noviembre de a las pm Pero en Dale, las calles de rampa también son calles de autopistas paralelas St. Anthony y Concordia en la parte superior de un largo terraplén. Cruzar algo como esto sería una pesadilla. Incluso empujados de nuevo a la ubicación de las rampas existentes, las de la escala del Carmelo no afectan ninguna estructura. Solo digo que hay diseños en uso que tienen impactos de propiedad mínimos. Solo porque me gustan las rotondas no significa que me gusten todos los diseños. Estoy "legalmente ciego" y estoy convencido de que nunca podría cruzar una de las cosas de forma segura por mi cuenta. En casi todas las señales, se permiten giros a la derecha en verde al mismo tiempo que se activa la señal de caminar; en muchas señales en Minneapolis, también se permiten giros a la izquierda en conflicto. Supongo que, hasta cierto punto, debes confiar en que los conductores obedezcan la ley y controlen sus movimientos. La rotonda de Portland en Richfield es una zona peatonal muy baja. Tiene un edificio de apartamentos en una esquina, pero estaciones de servicio en dos esquinas, y un gran parque de la ciudad en la cuarta esquina. La misma historia para la implementación de St. Louis Park en Louisiana. Eso es parte de por qué estoy muy entusiasmado con las dos nuevas rotondas que llegan al centro de Richfield, en Nicollet y Lyndale. Sin embargo, consideró que la acusación relativa al presunto desconocimiento del interés superior del menor art. Sobre el particular sostuvo:. Desde esta perspectiva, encuentra que los cargos fueron planteados en debida forma, excepto el relacionado con la presunta vulneración del interés superior del menor. Respecto al cargo por violación de la igualdad art. Fue así como elaboró un test estricto de igualdad a partir de los criterios de finalidad, adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad. Lo propio ocurrió respecto de las acusaciones por desconocimiento del derecho a vivir dignamente de las parejas del mismo sexo art. La acusación no satisface el requisito de especificidad por cuanto los cuestionamientos formulados por el demandante resultan muy amplios e indirectos , al limitarse a referencias genéricas, globales e indeterminadas en cuanto a la presunta vulneración del interés superior del menor. En otras palabras, propone un razonamiento vago y abstracto que impide un debate concreto a la luz de la norma superior invocada. Concordante con lo anterior, este cargo tampoco satisface el requisito de suficiencia ya que argumentación que ofrece el ciudadano acerca de la vulneración del principio del interés superior del menor es realmente escasa. En síntesis, la Corte encuentra que los cargos de inconstitucionalidad fueron planteados en debida forma, excepto el relacionado con la presunta vulneración del interés superior del menor. Resaltado fuera de texto. Como puede notarse, el eje central de la acusación fue la presunta vulneración de los derechos de las parejas del mismo sexo a la igualdad -prohibición de discriminación- y a conformar una familia arts. En cuanto al cargo por desconocimiento del interés superior del menor art. En su criterio, el cargo relacionado con la presunta vulneración del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes cumplía con todos los requisitos legales y jurisprudenciales para que esta Corporación se pronunciara de fondo sobre el mismo. En este punto es necesario aclarar que la demanda recae sobre dos modalidades diferentes de adopción. De esta manera la Corte declaró exequibles las normas acusadas, aun cuando limitó expresamente el alcance de su decisión a los cargos por violación de la igualdad y derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia. Fue así como resolvió:. Al respecto dispuso:. Acerca de los efectos de esta clase de decisiones la jurisprudencia ha explicado lo siguiente:. La Corte también ha distinguido entre ii. Sentencia C de Cargos que, como ya se reseñó, estuvieron circunscritos a la presunta vulneración de los derechos de las parejas del mismo sexo a la igualdad y a tener una familia arts. De esta manera, la Sentencia C de solo configura cosa juzgada constitucional en relación con los cargos concernientes a la vulneración del derecho a la igualdad y a tener una familia de las parejas del mismo sexo arts. Sobre esa base han formulado tres reproches de inconstitucionalidad, de cada uno de los cuales exponen argumentos independientes: i vulneración del principio de igualdad por falta de protección al interés prevalente del menor en situación de adoptabilidad, representado en su derecho a tener una familia arts. A juicio de la Corte, la demanda cumple las exigencias mínimas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que ha decantado la jurisprudencia para las acusaciones de inconstitucionalidad [40] , que en este caso giran todos ellos en torno a la presunta vulneración del principio del interés superior del menor art. En cuanto al requisito de certeza , la Sala considera que la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente, por cuanto las normas parcialmente acusadas excluyen la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, o al menos admiten una interpretación en ese sentido. Sobre el particular la Sentencia C de explicó lo siguiente:. La ley de excluyó la adopción por parejas del mismo sexo. Pese a la redacción en principio neutra del artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia, los antecedentes legislativos y el entendimiento dominante de la norma en la comunidad jurídica conducen a la Corte a concluir que en la legislación no se encuentra prevista la adopción por parejas integradas por personas del mismo sexo. Es decir, para la Sala, el régimen legal vigente no contempla la adopción por parejas del mismo sexo. También se cumple el requisito de especificidad , en la medida en que de cada una de las expresiones demandadas se individualiza la acusación y se hace una exposición independiente, centrada siempre en la presunta afectación del interés superior del menor. El requisito de pertinencia se acredita por cuanto las razones en las que se funda la demanda son de orden constitucional. En consecuencia, habida cuenta de que sobre este cargo no existe cosa juzgada constitucional, y de que la demanda fue presentada en debida forma, procede abordar un estudio de fondo. Sin embargo, el problema jurídico a resolver ya no consiste en definir si esa exclusión vulnera los derechos de las parejas a la igualdad y a conformar una familia, lo cual fue desestimado por la mayoría de la Sala en la Sentencia C de Lo que en esta oportunidad debe determinar la Corte es, desde un enfoque constitucional diferente, si las normas que regulan el régimen legal de adopción en Colombia, al excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de participar en procesos de adopción, vulnera el principio del interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia para garantizar su desarrollo armónico e integral art. Teniendo este derrotero como norte, la Sala comienza por referirse al marco normativo de protección al menor y en especial al principio del interés superior del niño, para luego explicar su alcance en el régimen legal de la adopción. El primer instrumento que reconoció los derechos de los niños fue la Declaración de Ginebra , adoptada por la Sociedad de Naciones Unidas [46]. Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos plasmó en el artículo los derechos de la infancia [47]. Algunas de estas son las siguientes [59] :. El desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano intelectual, afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc. De esta manera, el interés superior del menor demanda una interpretación de las normas que procure maximizar todos sus derechos. También se afecta cuando, sin valorar adecuadamente su entorno, un menor es separado en forma abrupta e intempestiva de un hogar con el cual ha desarrollado vínculos afectivos legítimos, así se trate de un hogar sustituto [67]. El principio del interés superior del menor se erige en definitiva como una norma de amplio reconocimiento en el ordenamiento jurídico interno y en el derecho internacional vinculante para Colombia. La Declaración de los Derechos del Niño afirma que el menor debe crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, en cualquier caso en un entorno de afecto y seguridad moral y material [71]. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad [72]. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la protección familiar [74]. Dijo entonces la Corte:. Todo niño tiene derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. En esa medida, el derecho de un menor a tener una familia no significa que esta necesariamente deba ser la consanguínea o biológica, sino que también tienen cabida otras estructuras familiares familia de crianza, familia extendida, familia monoparental, familia ensamblada, entre otras. Lo normal es que el niño nazca y crezca en el seno de una familia biológica o consanguínea y lo excepcional que se encuentre en situación de abandono. Ello supone, como es obvio, que ha de tratarse de una estructura de familia constitucionalmente reconocida. Significa que existe una presunción a favor de la permanencia del niño en su familia biológica por cuanto, en principio, se encuentra mejor situada para brindar el cuidado y afecto que necesita. Separar a un menor del entorno en el cual se ha adaptado solo se justifica cuando existan poderosas razones que comprometan su integridad o desarrollo armónico e integral. Cuando un menor se halla bajo el cuidado de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, desventaja o que atraviesa dificultades que podrían afectar el vínculo familiar discapacidad, pobreza, etc. Atendiendo estos referentes la Corte ha valorado el principio del interés superior del menor como elemento relevante para asegurar el derecho de los menores a tener una familia, por ejemplo a través de la adopción. El derecho que asiste a todo menor a tener una familia se encamina a propiciar las condiciones para su desarrollo armónico e integral en un entorno de amor y cuidado. En este escenario la adopción se refleja como la institución jurídica por excelencia para garantizar al menor expósito o en situación de abandono el derecho a tener una familia y no ser separado de ella [91]. Con esta institución se pretende suplir las relaciones de filiación de un menor que las ha perdido o que nunca las ha tenido y que, por lo mismo, se encuentra en condición jurídica de adoptabilidad, esto es, en situación de ser integrado a un nuevo entorno familiar. Pero no a cualquier familia, sino a aquella en la que, en tanto sea posible, se restablezcan los lazos rotos y, sobre todo, se brinde al menor las condiciones para su plena y adecuada formación. En ese marco normativo se regulan los elementos centrales de los procesos de adopción en Colombia. Allí se contempla que la adopción es una medida de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes [99]. La autoridad central en la materia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quien se reserva la posibilidad de desarrollar programas de adopción y autorizar a ciertas instituciones para llevarlos a cabo art. Por regla general solo pueden adoptarse menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres art. El Código también señala los efectos jurídicos que conlleva la adopción, que en esencia son los inherentes a la relación de parentesco que subyace entre padres e hijos art. Respecto de los adoptantes se destacan: i la adopción individual o monoparental, si el adoptante es una sola persona, por ejemplo las personas solteras o el guardador del pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración; ii la adopción conjunta, ejercida por cónyuges o compañeros permanentes con una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años; y iii la adopción complementaria o por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se adopta el hijo o hija del cónyuge o compañero o compañera permanente, con la anuencia de este arts. Teniendo en cuenta la importancia del principio del interés superior del menor, algunos estatutos de derecho internacional lo han recogido en forma expresa como referente imperativo en los procesos de adopción, aun cuando su consagración genérica en los instrumentos antes referidos hacen en todo caso inexcusable su valoración cuando se involucren los derechos de un niño, niña o adolescente []. Vínculos que pueden ser naturales o jurídicos, por matrimonio o por la voluntad responsable de conformar un hogar, una de cuyas modalidades es la familia conformada por parejas del mismo sexo, reconocida en la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C de , a cuyas consideraciones la Sala hace remisión directa. Como quiera que en los procesos de adopción lo relevante es siempre el interés superior del menor, porque lo que se pretende no es dar un niño a una familia sino una familia a un niño que la necesita y tiene derecho a ella, es imperativo que la Corte examine si la adopción por parte de personas con orientación sexual diversa, en particular por familias conformadas por parejas del mismo sexo, afecta o amenaza el desarrollo integral y armónico de los menores. Para analizar si la adopción por parejas del mismo sexo que constituyen familia puede comprometer o no el interés superior del menor, la Corte considera necesario hacer referencia a algunas experiencias recogidas en el derecho comparado acerca de la adopción por personas con orientación sexual diversa, a la evidencia científica acopiada, así como a algunos precedentes de este tribunal que son constitucionalmente relevantes. Una revisión del derecho comparado permite afirmar que muchos Estados y algunas instancias internacionales han autorizado la adopción de menores por parte de personas solteras con orientación sexual diversa o de parejas del mismo sexo. Al interior de distintos países dicha autorización se ha fundado en iniciativas legislativas [] o en decisiones judiciales []. En la actualidad, gran parte de los países de Europa, Norteamérica y Oceanía reconocen alguna forma de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Ya sea la adopción conjunta, la del hijo biológico de la pareja complementaria o por consentimiento o la adopción sucesiva. En el contexto latinoamericano se pueden referir México, Argentina, Uruguay y Brasil. Se ha aceptado como un hecho científico que no resulta contrario al interés del menor el crecer en un entorno homoparental. Holanda fue precursor. 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Bagno Sexy Watch Chica polaca en chica lesbo Video Katreena xxx. Ello significa que la reglamentación cambia dependiendo del estado federado. Todos los estados permiten la adopción individual, sin considerar la opción sexual. En 23 estados y el distrito de Columbia es posible aplicar a una adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo []. Missisipi y Utha prohíben cualquier forma de adopción y en estados como Michigan, Kentucky, Nebraska, North Carolina, Ohio y Wisconsin los tribunales han excluido la posibilidad de adopciones sucesivas. Sin embargo, la tendencia ha consistido en un gradual reconocimiento de esta forma de adopción, fenómeno que ha ido de la mano de varias decisiones judiciales que han obligado a los estados federados a ajustar sus legislaciones en ese sentido. Se trata de sentencias tanto de tribunales ordinarios como de tribunales de apelación, mas no de las Cortes federales. Las peticionarias habían criado conjuntamente al niño, quien aceptaba el hecho de tener dos madres y una relación afectiva con cada una. Respecto a la objeción de que las adopciones por parejas del mismo sexo pueden afectar negativamente al niño, como por ejemplo que tales niños crecen y se convierten en homosexuales, la Corte señaló que existen varios estudios que concluyen que los niños no sufren de una evidente desventaja [] ; en cuanto a su orientación sexual afirmó que "los porcentajes de hijas de lesbianas no varían en función de la orientación sexual de las madres" ; y en cuanto a los intereses sexuales sostuvo que "no hay diferencias significativas entre los hijos de madres lesbianas y madres heterosexuales". El fallo también expresa las realidades de la época , que fundamentan la decisión de aprobar la adopción por una pareja del mismo sexo en los siguientes términos:. La fragmentación social y la miríada de configuraciones de las familias modernas nos presentan nuevos problemas y complejidades que no pueden resolverse sin idealizar el pasado. En el caso concreto la Corte encuentra un niño que tiene los mencionados beneficios y dos adultos dedicados a su bienestar, seguros de su relación afectiva, y determinados a criarlo y ayudarlo a alcanzar lo mejor de sus habilidades. No hay razón jurídica, lógica o de filosofía social para impedir tal situación favorable" []. La disputa se generó por causa de una regulación expedida en por la Junta de la Agencia para la Protección de la Niñez de Arkansas, que estipulaban una prohibición de entregar en custodia a menores en hogares donde hubiera personas homosexuales. Tanto Howard como los otros dos actores, de condición homosexual, querían que se les otorgara la custodia de niños. El caso fue conocido en primera instancia por una Corte del distrito de Little Rock, que encontró que la prohibición establecida por la Junta era inconstitucional. Sostuvo entonces:. Mientras la Junta alega que la regulación protege la salud, seguridad y bienestar de un niño acogido porque 'no sabemos el efecto de la paternidad homosexual temporal', este argumento salta a la cara de la evidencia presentada por las partes y los hallazgos de la Corte del Circuito. De esta manera, no erró la Corte del Circuito al encontrar que no había una relación racional entre la tajante exclusión de la regulación y la salud, seguridad y bienestar de los niños. La disputa se originó al serle entregados en custodia temporal dos menores de edad al señor Martin Gill y su pareja. Una vez los padres biológicos fueron privados de la patria potestad, Gill solicitó la adopción de los niños. Antes de que le fuera negada la misma con fundamento en la ley del estado, acudió a los estrados judiciales para discutir su legalidad. Tanto la Corte del Circuito como el Tribunal de Apelaciones le concedieron la razón. Ambas instancias evidenciaron que, de acuerdo con los informes y estudios aportados en el proceso, quedaba demostrado. Aunque el caso se centraba en la constitucionalidad de una ley del Estado que prohibía los matrimonios entre parejas del mismo sexo —finalmente llegó a la conclusión que resultaba inconstitucional-, el fallo analizó los aspectos relacionados con la presunta incapacidad de los homosexuales para ser buenos padres. Ello porque una de las justificaciones de la prohibición presentadas en el juicio tenía que ver precisamente con ese argumento. La sentencia encontró que no había certeza científica acerca de la presunta incapacidad y, por el contrario, evidenció que los niños que crecen en parejas del mismo sexo se desarrollan igual que aquellos criados por parejas heterosexuales. Para el funcionario judicial el testimonio de este científico sobre la incapacidad de las parejas del mismo sexo para hacer felices a los niños que educan no es creíble, dado que su libro es el resultado de la financiación de un instituto conservador, con una agenda de discriminación a la población LGTBI y el autor se limitó a consignar en el estudio las conclusiones deseadas por sus financiadores. En noviembre de y en octubre de April DeBoer adoptó legalmente a sus hijos N. Por su parte, Jayne Rowse adoptó al menor R. Ante la imposibilidad de adoptar conjuntamente a los tres niños, presentaron una demanda contra el Estado de Michigan, en la cual alegaron que la restricción de la adopción a las parejas no casadas resultaba discriminatoria. La Corte sugirió a las señoras DeBoer y Rowse rectificar su petición, en el sentido de impugnar la validez de la referida enmienda, sugerencia que fue acogida por las demandantes, quienes solicitaron modificar su denuncia. El Estado apoyó su defensa en que la MMA tiene propósitos legítimos para excluir a las parejas del mismo sexo de la definición de matrimonio, tales como fomentar el desarrollo sicológico saludable del menor, evitar las consecuencias no deseadas que podrían resultar de redefinir el matrimonio, y la defensa de la tradición y la moral. En el curso del proceso las demandantes llamaron como testigo, entre otros, al sicólogo David Brodzinsky, quien aseguró que décadas de estudios de investigación han demostrado que no existen diferencias entre las competencias parentales de personas homosexuales y heterosexuales, y que tampoco existen diferencias significativas en el desarrollo de los menores criados por parejas del mismo sexo, en comparación con aquellos criados por parejas heterosexuales. El Tribunal consideró que los anteriores testimonios gozaban de una alta credibilidad y le dio un peso considerable dentro de su decisión. Esto por cuanto declararon de forma contundente y convincente que las parejas del mismo sexo son tan estables como las parejas heterosexuales y que los resultados en el desarrollo de los menores dependen de factores como la calidad de las relaciones entre padres e hijos, la calidad de las relaciones entre los padres y, en general, de las capacidades parentales de estos sin importar su orientación sexual. Así mismo, restó credibilidad a sus apreciaciones porque dicho estudio fue realizado precipitadamente y a instancias de la financiación por parte de un tercero, quien a juicio del Tribunal quería un resultado determinado relacionado con el apoyo al matrimonio tradicional. De igual forma consideró que, por ejemplo, si una de las demandantes muriera o quedara incapacitada, su pareja no podría, bajo la ley de Michigan, tomar decisiones legales en nombre de los menores sin verse sometida a un proceso judicial prolongado y complicado. Un grupo importante de estados avala tanto la adopción conjunta como la adopción sucesiva. Solo en dos estados existe una prohibición tajante. Es también de resaltar que se considera, por parte de los jueces, como un hecho judicialmente aceptable y que no atenta en contra del interés superior del menor la crianza de un menor por una pareja del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, mediante sentencia del 16 de agosto de [] , estudió la acción de inconstitucionalidad presentada por el Procurador General de la Nación, quien solicitó la invalidez de los artículos y del Código Civil del Distrito Federal reformado el año inmediatamente anterior , normas que admiten el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo. A su juicio, teniendo en cuenta que uno de los derechos primordiales del niño es el desarrollarse en el seno de una familia, donde el modelo de familia ideal es aquel conformado por padre, madre e hijos, "dicho modelo de familia es al que todo menor tiene derecho y, por tanto, debe ser el marco de referencia en la interpretación y aplicación de los tratados internacionales y las resoluciones jurisdiccionales". Sin embargo, precisó, ello no puede significar que "la orientación sexual de una persona o de una pareja -que es simplemente una de las opciones que se presentan en la naturaleza humana y, como tal, forma parte de la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad-, le reste valor como ser humano o pareja y, por tanto, lo degrade a considerarlo, por ese hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor [] y, por ende, que el legislador deba prohibir la adopción por parte de un matrimonio conformado por personas del mismo sexo, por estimar que, el sólo hecho de que se trate de parejas del mismo sexo, afecta el interés superior del menor ". Esa Corporación no encontró alguna diferencia constitucional o jurídica relevante para excluir a toda una categoría de personas del régimen legal de la adopción por motivos de su orientación sexual, ni para excluirla, por ejemplo, por motivos de raza, de origen étnico, religioso o económico, "por las mismas razones que no necesita conocerse el efecto que puede tener en los niños vivir en familias indígenas o no indígenas, familias pobres o familias ricas, familias con padres que tienen una discapacidad o no la tienen, porque, en cualquier caso, estaría constitucionalmente vedado no considerarlas una familia protegida por la Constitución o una familia 'amenazante' o 'disfuncional' para los niños: la Constitución hace que esa misma averiguación sea innecesaria" []. Recordó la Suprema Corte que en otros países las parejas interraciales, las adopciones interraciales, los hijos de madre soltera o de padres divorciados eran discriminados, e incluso la misma adopción se mantuvo en secrecía, lo que hoy en día no sucede. La heterosexualidad no garantiza que un menor adoptado viva en condiciones óptimas para su desarrollo: esto no tiene que ver con la heterosexualidad-homosexualidad. Todas las formas de familia tienen ventajas y desventajas y cada familia tiene que analizarse en lo particular, no desde el punto de vista estadístico ". Con sustento en los anteriores y otros argumentos la Suprema Corte de la Nación de México declaró infundada la acción de inconstitucionalidad y reconoció la validez de las normas demandadas. Dentro de los diversos argumentos expuestos los demandantes señalaron que la norma vulneraba los apartados 1, 2 y 4 del artículo 39 de la Constitución Española, relativos a la protección de la familia y de los hijos. Lo anterior, por cuanto con la nueva redacción del Código Civil se abrió la posibilidad de que los cónyuges homosexuales adoptaran conjuntamente, lo que, a su juicio, resultaba contrario al mandato de protección integral de los hijos "al anteponer la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor, que también es el interés rector de la adopción, así como a la idoneidad de los adoptantes". En parecer de los recurrentes, plantear la cuestión de la adopción por parte de las parejas homosexuales como un problema de discriminación suponía "hacer pasar por delante del interés del menor las aspiraciones y deseos de quienes quieren adoptar". Prueba de ello sería que en los pocos países que han abierto el matrimonio a las parejas homosexuales no se reconoce la adopción conjunta por parte de las mismas". En esa oportunidad el Tribunal Constitucional analizó el asunto de la adopción de parejas del mismo sexo como un aspecto secundario, en tanto consideró que el motivo de inconstitucionalidad principal era la vulneración del artículo 32 de la Constitución, referente al matrimonio y la posibilidad o no de que dicha parejas pudiesen contraerlo. No obstante, en el punto específico de la adopción explicó que el interés superior del menor no se veía afectado por cuanto ha de ser evaluado "en cada caso concreto". Y este interés se tutela en cada caso concreto en función del escrutinio al que se somete a los eventuales adoptantes con independencia de su orientación sexual , de modo que el deber de protección integral de los hijos que se deriva del art. Sobre este punto adujo:. La eventual lesión del art. Las demandantes X y Y , quienes tenían una relación y vivían juntas desde , querían adoptar a dos menores. A los dos meses de haberse iniciado el proceso de selección y asesoramiento las solicitantes fueron aceptadas como madres adoptivas y el 3 de diciembre de los dos menores elegidos para la posible adopción fueron colocados temporalmente bajo el cuidado de la pareja. Ante esta situación acudieron al Tribunal Superior de Pretoria para impugnar la validez constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley de Cuidado Infantil. A juicio de las demandantes, dicha normatividad violaba sus derechos a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación por su orientación sexual. Así mismo, argumentaron que la prohibición de adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo era contraria al interés superior del menor. Este Tribunal declaró que las disposiciones impugnadas eran inconstitucionales. Señaló que la exclusión de las parejas del mismo sexo para adoptar conjuntamente "contraría la esencia y el propósito social de la adopción, el cual es ofrecer la estabilidad, el compromiso, el cariño y el apoyo para el desarrollo del menor, que puede ser ofrecido por cualquier persona debidamente calificada" []. En ese sentido, sostuvo que la Ley de Cuidado Infantil privaba a los menores de la posibilidad de tener una familia amorosa y estable contrariando así lo consagrado en el artículo 28 2 de la Constitución, referente al interés superior del menor []. En esa medida, encontró vulnerado el derecho a la igualdad de las demandantes, en tanto estas hubieran podido adoptar conjuntamente de no ser por su orientación sexual []. Asimismo, encontró demostrado que las señoras X y Y conformaban una familia estable, amorosa y feliz. No obstante, una de ellas no era reconocida como la madre de los menores, en detrimento de su dignidad []. Ello siempre y cuando se cumplieran los requisitos generales de la adopción y, adicionalmente, se contara con el consentimiento explícito del otro padre o madre biológico del menor la llamada adopción consentida. Esta disposición amplió el denominado kleines Sorgerecht o "pequeña custodia" , que establecía los derechos y deberes en relación con los hijos biológicos en las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la ley no previó la posibilidad de una adopción conjunta ni la "adopción sucesiva" , que es aquella que ocurre cuando un compañero adopta el hijo adoptivo de su pareja. Señaló que no resultaba razonable el trato distinto que la ley daba a los niños adoptados por un miembro de una pareja del mismo sexo en relación con aquellos que lo habían sido por parte de alguien que conformaba un matrimonio. En relación con los efectos que tiene sobre los niños el hecho de crecer en una pareja del mismo sexo sostuvo:. Se debe asumir que las condiciones de protección de una unión registrada pueden promover el crecimiento de los niños de igual manera que un matrimonio. Las consideraciones en contra del crecimiento de niños en uniones homoparentales fueron desvirtuadas en la gran cifra de opiniones de expertos". Acerca del interés superior del niño el Tribunal indicó que en estos eventos:. En opinión de los expertos consultados, es susceptible de tener efectos estabilizadores en la psicología del desarrollo. También mejora la situación jurídica del niño en caso de disolución de la unión por separación o la muerte. Esto se refiere por un lado a la custodia, la cual puede ser tratada adecuadamente en evento de separación, teniendo en cuenta el mejor interés de los niños, caso a caso. Por otra parte, esto se aplica en términos materiales, un niño se beneficia de la doble paternidad sobre todo en cuanto a los alimentos y la sucesión. El Constitucional concedió al Parlamento un término, hasta el 30 de junio de , para dictar una nueva ley que superara la situación de discriminación evidenciada. En ella se corrigieron los apartes puntuales de la ley que el Tribunal había considerado constitucional, incorporando de esta manera plenamente la adopción sucesiva para parejas del mismo sexo en el ordenamiento legal. A pesar de lo anterior, la ley se limitó a regular puntualmente lo dispuesto por el Constitucional y omitió lo concerniente a la posibilidad de adopciones conjuntas. También es de destacar que se reconoce que la familia conformada por parejas del mismo sexo y sus hijos biológicos conforman una familia constitucionalmente protegida. Los tribunales han enfrentado desafíos jurídicos ante leyes presuntamente discriminatorias y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB, proporcionando un marco jurídico para reformas normativas de diverso alcance. En cuanto al desarrollo normativo, es preciso mencionar que antes de la década de los 80 eran pocos los derechos o disposiciones legales a los que las parejas del mismo sexo podían recurrir. De acuerdo con el informe anual "State-Sponsored Homofobia" de , la lista de provincias y años en que este derecho fue reconocido es la siguiente [] :. H , mediante la cual les otorgó a las parejas homosexuales los mismos derechos y responsabilidades legales que a las parejas heterosexuales de hecho, introduciendo el término "cónyuge del mismo sexo" en los estatutos modificados. En lo concerniente al desarrollo jurisprudencial, algunas de las principales decisiones judiciales referentes a la adopción por parejas del mismo sexo se resumen a continuación. Asimismo, una mayoría de 5 a 4 encontró que la definición de cónyuge prevista en la norma analizada era discriminatoria en términos de orientación sexual, por lo que contrariaba el artículo 15 en mención. En ese caso cuatro parejas de lesbianas solicitaban en adopción a sus hijastros. El estatuto vigente para la época, Sección 1 de la Ley de Ontario, solamente permitía que un cónyuge solicitara la adopción del hijo biológico de su compañero, precisando que el término "cónyuge" exclusivamente aplicaba a personas del sexo opuesto. Igualmente señaló que la legislación propendía por el interés superior de los niños, el cual era incompatible con la prohibición absoluta en materia de adopción impuesta a las parejas del mismo sexo. Antes de esta decisión la Ley de Ontario había permitido solicitudes individuales de adopción por parte de personas con distinta orientación sexual, pero había negado las solicitudes de adopción conjunta. En esa oportunidad la Corte de Ontario modificó nuevamente dicha acepción con el propósito de incluir a las parejas del mismo sexo, aplicando para el efecto los argumentos expuestos en el caso K Re []. La solicitud inicial de las demandantes fue que el Tribunal estableciera si la definición de "cónyuge" dada por la Ley de Alberta incluía a las parejas del mismo sexo y, de no ser así, si esto vulneraba la Carta. El Fiscal General se opuso inicialmente a dichas solicitudes, pero posteriormente retiró la oposición cuando el Gobierno anunció su intención de modificar la Ley de Bienestar de la Infancia Child Welfare Act. La enmienda presentada sustituyó el término "cónyuge" por "padrastro" , con el fin de permitir, entre otras cosas, las adopciones por parejas del mismo sexo. En ese fallo el Tribunal de Alberta concluyó, aplicando las reglas de interpretación normativa, que la intención del legislador al cambiar "cónyuge" por "padrastro" era permitir las adopciones por personas del mismo sexo. Así las cosas, consideró innecesario examinar la petición relacionada con la violación a la Carta. Asimismo, la Corte reconoció que su decisión podía afectar a muchos otros estatutos y leyes que incluyeran una definición similar del término "cónyuge". Bajo este contexto, como se mencionó con anterioridad, la Asamblea Legislativa de Ontario aprobó una nueva ley mediante la cual se otorgó a las parejas del mismo sexo iguales derechos y deberes legales que los otorgados a las parejas heterosexuales. La denegación de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo es la posición generalizada de la legislación [] y los tribunales italianos. Obligado a dar de alta en la Seguridad Social a las mujeres que trabajan en su prostíbulo. Descartar Recuerda las normas de la comunidad. Fumata blanca en la cumbre europea que aprueba un plan anticrisis histórico. Un mes de nueva normalidad: el repentino reto de convivir con una pandemia. Un informe interno desmonta la versión del Gobierno de Ayuso: pidió presupuesto sólo a Cake Minuesa y no a otras empresas. Por ejemplo, actuando como un hotel. 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